20:40. LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019

Las contrataciones irregulares salpican a Fomento

Política
23 marzo, 2013
PEDRO ALBERTO ÁLVAREZ

Las ‘gargantas profundas’ se multiplican conforme avanza la investigación del ‘caso Marea’. Dos testigos protegidos han declarado ante el juez Ángel Sorando, la comisión de investigación de la Junta General ha recibido nuevos escritos anónimos con información sobre contrataciones irregulares e implicados, y también los abogados han recibido llamadas de algunos funcionarios que, sin hacer públicos sus nombres o cargos, aportan nuevas claves a la fase de instrucción. Juan Muñíz, el letrado que lleva la defensa de Maximino Fernández y Roberto Calvo, administradores de Asac Comunicaciones, Rolán y Aicom, asegura haber recibido un ‘soplo’ sobre más contrataciones irregulares en el Principado.

Los gerentes de Asac están imputados por cobrar dinero a través de contratos falsificados, tramitados por la ex jefe del servicio del Principado, Marta Renedo, a cambio de pagar el sueldo de personal ‘enchufado’ en distintas instancias de la administración regional. Su estrategia de defensa pasa por demostrar que esta práctica era habitual en la administración regional, y que otras empresas también actuaban de la misma forma. Además, no solo la Consejería de Cultura tenía ‘colocado’ personal a través de terceras empresas. Segun Juan Muñíz, un funcionario de la Consejería de Fomento, les comunicó que la Dirección General de Infraestructuras, Transportes y Asuntos Marítimos, encargó un informe a una empresa de ingeniería hidráulica, para ‘enmascarar’ el salario de dos técnicos que trabajaban de manera irregular en Fomento. El letrado apunta que el informe, “encargado en 2009”, está vinculado a “un estudio sobre Angulas Delfa”, en Ribadesella. La antigua nave industrial de Angulas Delfa, está situada junto a la Plaza de Abastos de la localidad, en el lugar escogido por el anterior equipo municipal para construir un aparcamiento subterráneo. Los edificios se encuentran junto al cauce del Sella, y el proyecto necesitaba el visto bueno de Fomento, quien encargó los estudios que, finalmente, desaconsejaron su construcción. El anterior alcalde de Ribadesella, Ramón Canal, descartó la excavación para construir el parking por los ‘niveles freáticos’ del agua en la zona, y optó por habilitar un pequeño aparcamiento en la superficie. Sin embargo, el aparcamiento era lo de menos, y los estudios sobre Angulas Delfa sólo habrían servido como coartada para contratar y pagar a dos empleados ‘enchufados’, ‘camuflando’ el pago de personal con cargo a terceros. La ex jefa de servicio Marta Renedo, declaró que este tipo de ‘operaciones’ se realizaban de forma habitual, cuando el Principado agotaba las partidas presupuestarias que tenía para cubrir bajas o vacaciones, y recurría al dinero reservado para inversiones, canalizando los sueldos a través de terceras empresas. Llegó a asegurar que esta irregularidad era “pública y notoria”, un extremo que negaron en la Junta General los responsables de la administración en sus declaraciones realizadas ante la comisión de investigación. Sin embargo, cada vez hay más indicios que apuntan a que otras consejerías incurrían en las mismas prácticas.

Juan Muñíz, el abogado de Asac, también ha solicitado incluir el testimonio de uno de los testigos protegidos, quien aportó información sobre La Productora, vinculándola a contrataciones irregulares en la Consejería de Salud, que se investigan en una pieza separada del ‘caso Marea’. Lo que empezó siendo una trama delictiva, está derivando a una subtrama ‘clientelar’ que apunta a personal contratado de manera irregular en distintas consejerías del Principado. Esteban Aparicio, abogado de Avall, que ejerce la acusación popular, confirma que “hay otros indicios y testimonios que también señalan a Gispasa, como otra de las tapaderas de personal contratado de manera irregular”. Para Aparicio, podría llegar a ser comprensible, aunque no legal, desviar fondos de una partida de inversiones, al pago de salarios de personal de la administración, “Pero es muy diferente que el Principado pague a trabajadores en nómina de una empresa privada, a través de contratos falsificados. En ese caso, los delitos son mayores, ya que no solo hay falsedad documental, también prevaricación”. Sobre el estudio encargado por la Dirección General de Infraestructuras, “lo más grave es que utilicen el pretexto de la construcción de un aparcamiento, para gastar un dinero con otros fines. Eso no tiene justificación”. El letrado también mantiene que si Marta Renedo era el ‘cauce’ a través del cual se ‘contrataba’ a trabajadores para la Consejería de Cultura, “debe haber otras ‘Renedos’ en otras consejerías”. Por otra parte, Esteban Aparicio no considera que sea una casualidad el cese de la jefa de servicio de la Consejería de Fomento, responsable del Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte, Carmen López Tirados, el mes pasado, y cuyo marido es un directivo de la empresa Contratas Iglesias, beneficiada con un elevado número de adjudicaciones y contratos, durante los últimos 12 años de gobierno arecista.

El próximo martes, continuarán las comparecencias ante la comisión de investigación en la Junta General. Los representantes de las empresas Gabinete M3, Hélice Diserño Integral, Electrovetusta y Piraván, que formaban parte del listao de comparecientes, no acudirán al Salón Jovellanos, después de que el PP solicitara renunciar a su presencia. Por otra parte, UPyD ha llamado ‘a declarar’ a Maximino Fernández, gerente de Asac Comunicaciones, a la ex jefa de servicio de la Agencia de Sanidad Ambiental, Carmen Martínez, y a la funcionaria de Sanidad Beatriz Vigil, así como a los directores de los directores de los institutos de Infiesto y Cangas de Onís, y a Jaciento Braña, director general de Políticas Sociales, quien fue administrador único de Inter Infancia y Territorio, una de las firmas del conglomerado empresarial de ‘La Productora’.

Tras once sesiones, seis semanas, y 53 comparecencias ante la comisión parlamentaria de investigación del ‘caso Marea’, la ‘fase de instrucción’ política está próxima a concluir, tras las comparecencias programadas para la próxima semana. Los diputados deberán ahora extraer sus conclusiones y acordar reformas en la administración regional, para evitar el sinfín de ‘corruptelas’ detectadas.

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