01:18. MIéRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020

Cudillero, otro embuste más

Editorial
28 agosto, 2013

La golfería política escribió ayer un nuevo capítulo en el Ayuntamiento de Cudillero. Cinco alcaldes de postín, en tan solo catorce meses, además de una anormalidad política, que no anomalía, es el mayor desprecio a la democracia que ha vivido Asturias en los últimos treinta años. Nunca antes había pasado, en ningún municipio asturiano, nada igual. Concejales que renuncian en bloque para permitir la llegada al Ayuntamiento, de militantes que no habían formado parte de la última candidatura electoral del PSOE; alcaldes de paja, y hasta tres revolcones judiciales por reincidir en el mismo comportamiento bananero y caciquil.

Y lo peor, es que la FSA, con Javier Fernández a la cabeza, ha permitido y amparado cada uno de los sonrojantes atropellos a la democracia, que se han ido sucediendo en el Ayuntamiento de Cudillero. Sin embargo, ni su secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, ni su secretaria de Política Municipal, Adriana Lastra; han dimitido por vulnerar los más elementales principios legislativos, así como por atentar contra el sentido común y la razón, además de pitorrearse, una y otra vez, de los pixuetos. Para rizar el rizo de la inmoralidad y la indecencia política, Gutiérrez y Lastra, dieron su bendición a Luís Fernández Garay, por segunda vez al frente de la alcaldía, amparándose en un informe municipal (un folio) que también fue escrito al ‘dictado’ por el político que tiene ‘secuestrado’ a todo el socialismo.

El PSOE ha corrompido la vida democrática de Cudillero, y ya no está legitimado para gobernar, aunque tenga suficientes concejales para ello. Lo que tienen que hacer los socialistas, es pedir perdón a todos los pixuetos, y dejar gobernar a la segunda lista más votada (PP). Cualquier otra torticera maniobra, como el repentino anuncio que ayer hizo la FSA, que ha tardado catorces meses en darse cuenta de que “es necesario un pronunciamiento explícito de esta organización”, y “propiciar una comisión gestora”, no es más que un nuevo y perverso escapismo, ya que la convocatoria de elecciones anticipadas, requiere de un complejo proceso legislativo, que ha de refrendar el Consejo de Ministros. Para este ‘viaje’, y tanto embuste, no era necesario haber degradado, durante catorces meses, la vida política y social de Cudillero.

Mortera, tendrá que rendir cuentas ante el juez

El ex concejal del Ayuntamiento de Oviedo, y en la actualidad jefe de gabinete de Gabino de Lorenzo en la Delegación de Gobierno, ha sido imputado por un delito continuado de prevaricación, según concluye el auto del fiscal, Alejandro Cabaleiro, que no descarta que también pudiera haber cometido otros delitos como cohecho o tráfico de influencias. Mortera, durante varios años, habría beneficiado a varios hosteleros del Fontán, condonándoles el pago de las licencias y tasas por ocupación de sus terrazas. El ex concejal, además, habría hecho oídos sordos a las denuncias de los ciudadanos, y a los requerimientos de la Policía Local, guardando en un cajón los procedimientos sancionadores, que nunca llegó a ejecutar. En su auto, el fiscal determina que Mortera “no solo ‘reservó’ ciertos expedientes imposibilitando cualquier labor instructora, sino que además impartió ordenes verbales de no sancionar -a los hosteleros- llegando incluso a dictar una orden por escrito a la Policía Local”. Aunque probablemente, Alberto Mortera, en su descargo, se ampare en que dictaba ‘resoluciones’ ante la falta de una ordenanza fiscal que regule las ‘condiciones’ de las terrazas; este vacío no justifica, en ningún caso, la bula municipal que tenían ciertos hosteleros.

Aunque el auto es demoledor, e incluso una funcionaria responsable del servicio de Licencias del Ayuntamiento, Beatriz Crespo Menéndez, reconoce que “se actuaba por delegación expresa del alcalde”; no sería la primera vez que un juez da carpetazo a una causa que le salpica al que fuera alcalde de Oviedo. Así sucedió cuando la Unión de Consumidores denunció que el Ayuntamiento tiraba a la basura cientos de reclamaciones de los ciudadanos. La ex entonces concejala de Consumo, Concepción García, fue imputada por un presunto delito de prevaricación -el fiscal pedía 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público-; aunque un juez salió en su rescate alegando que lo sucedido fue un acto de “dejadez, negligencia o abandono que no reviste naturaleza de delito de prevaricación, pues no hay arbitrariedad ni dolo directo”.

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