20:15. JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

Subir los impuestos a los que más tienen para mantener el estado social

Opinión
10 diciembre, 2013
Por ALEJANDRO SUÁREZ

Ciertamente la FSA y, en especial, su Secretario General y Presidente del Principado llevan meses poniéndole las cosas muy difíciles a Izquierda Unida en su determinación de favorecer la consecución de los acuerdos que Asturias necesita. Javier Fernández se niega a incorporar en el debate político cualquier propuesta que no sea la suya, favoreciendo de este modo la estrategia de la derecha. A pesar de esta actitud en la gestión de su situación de minoría política, tan cercana por lo demás a la practicada por Álvarez Cascos, y a pesar también de los constatados incumplimientos en la ejecución del presupuesto de este año, muy especialmente en el ámbito de los planes de empleo o de las inversiones en materia educativa, Izquierda Unida acometió la negociación presupuestaria con la FSA y el gobierno con el animo de llegar a un acuerdo que permitiera la aprobación de unos presupuestos de orientación claramente progresista con el ánimo de favorecer a la mayoría social y frenar a la derecha. En ese sentido IU abordó la negociación partiendo de dos premisas. La primera es que las circunstancias económicas, políticas y sociales de Asturias no son las mismas que hace un año, con lo que no puede ser tampoco igual el Presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma. Dicho rápido, hoy hay más paradas y parados que el año pasado, las necesidades sociales son mayores, es más evidente la necesidad de impulsar un cambio en el modelo productivo y siguen siendo iguales las necesidades de sostener los servicios públicos vinculados al Estado del Bienestar. Además, aprobar un presupuesto sustancialmente idéntico al vigente equivale a una prórroga presupuestaria que IU no desea. Por otra parte, para hacer frente a esas prioridades de gasto es necesario mejorar los niveles de ingresos, abordando reformas fiscales que recuperen la regulación impositiva anterior a las grandes bajadas de impuestos de la última década. No es verdad que Asturias esté en el límite de la presión fiscal. Al contrario, hay margen para una fiscalidad más justa y más progresiva por mucho que se empeñen en pregonar lo contrario los voceros del neoliberalismo.

Porque los impuestos no se pagan porque sí sino para garantizar la financiación del modelo social que nos hemos dado. Con ellos las administraciones retiran una parte de la riqueza a los particulares para sostener los servicios públicos esenciales, las prestaciones sociales y para realizar inversiones. En el caso de la Comunidad Autónoma, sirven para sufragar la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas activas de empleo y las infraestructuras, las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social a través prioritariamente del salario social, la investigación y el desarrollo, así como el resto de los servicios públicos (la administración de justicia, la protección del medio ambiente, el desarrollo rural, la cultura, y un largo etcétera). El discurso de la derecha neoliberal (y lamentablemente también del PSOE) parte de afirmar que el dinero está mejor en las manos de la gente que en las del Estado y, por tanto, cuantos menos impuestos se paguen más nivel de eficiencia económica existirá y por tanto habrá más riqueza y más bienestar para todos. La evidencia histórica demuestra justamente lo contrario. Los países del mundo con mayor nivel de vida y menor nivel de desigualdad son precisamente los que tienen una presión fiscal más alta. Por eso desde la izquierda siempre hemos defendido que una política fiscal justa tiene que favorecer también la redistribución de la riqueza para que contribuya a reducir todo lo posible la desigualdad social, que es éticamente injusta y socialmente perturbadora. La técnica fiscal que de manera más satisfactoria logra ese objetivo es la de la progresividad fiscal de los impuestos directos. Ese es el modelo que diseña nuestra Constitución y es también el que ha venido siendo desmantelado en estos últimos años.

En nuestro país hay tres impuestos que cumplen íntegramente esas dos características (directos y progresivos) y son el Impuesto de la Renta, el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. De estos, el primero ha sufrido una importante reducción en su progresividad fiscal y los dos últimos se han suprimido total o parcialmente. Así el de Patrimonio fue eliminado por Zapatero y recuperado a última hora para patrimonios familiares en la práctica superiores a 1.700.000 euros. El de Sucesiones, un impuesto de gran tradición histórica fue eliminado en las herencias entre padres e hijos en buena parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y reducido a cuotas hereditarias superiores a 150.000 euros en las del PSOE. La propuesta formulada por Izquierda Unida pretende recuperar este impuesto con la regulación dada por la ley aprobada en época de Felipe González y con la presión fiscal establecida en época de mayoría absoluta del gobierno de Aznar. Sin embargo nuestra propuesta no recupera en su integridad la citada regulación sino que establece una exención del cien por ciento para todas las bases liquidables inferiores a 50.000 euros. Así sólo pagarían el impuesto el tercio de las herencias más altas que se produzcan en Asturias entre padres e hijos y seguirían sin tributar las dos terceras partes restantes. El impuesto sobre el Patrimonio que Izquierda Unida ha propuesto gravaría de hecho a las familias cuyos bienes superen los 650.000 euros (175.000 de cada uno de sus miembros descontando la vivienda habitual hasta 300.000). Así por ejemplo una familia con un patrimonio total de un millón de euros y una vivienda habitual de 300.000 apenas pagaría 700 euros cada año.

Y esas han sido las dos propuestas fiscales que Izquierda Unida ha planteado que más polémica han generado. Sin embargo no han sido las únicas. Hemos pretendido incrementar el impuesto a los depósitos bancarios hasta alcanzar el nivel que tienen en otras comunidades autónomas que lo han implantado antes que nosotros. Queríamos también establecer un impuesto que grave el uso no sostenible de los montes asturianos que obligaría fundamentalmente a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones. Y todo ello con el fin de incrementar la recaudación en algo más de ciento diez millones de euros para mantener los servicios públicos y hacer frente a las nuevas necesidades sociales derivadas de la crisis económica. Porque subir los impuestos a los que más tienen para garantizar el Estado Social no sólo es una seña de identidad de la izquierda desde sus orígenes, por más que algún mandria se empeñara y se siga empeñando en lo contrario, sino una exigencia de nuestra Constitución, esa que algunos se dedican a idolatrar después de haberla convertido en una estatua de sal.

Concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo

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