22:02. VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Los pisos cedidos por los bancos no llegan a los desahuciados

Política
3 marzo, 2014

En abril de 2013, el Principado anunció un acuerdo con siete enti­dades bancarias, para formar una “bolsa de viviendas desocupa­das”, que serían gestionadas por Bienestar Social y asignadas a fa­milias víctimas de los desahucios, a través de alquileres sociales. Un mes después, solo tres bancos fir­maron el convenio, aportando 38 viviendas. Nueve meses después, todos los pisos siguen vacíos. La consejera Esther Díaz, aseguró que el ejecutivo había optado por la negociación directa con las en­tidades bancarias ya que la trami­tación de la normativa autonómica que regula el acceso a las viviendas públicas de alquiler, iba “con retra­so”. Pero el “plan de choque” con­tra los desahucios apenas ha sido efectivo. El acuerdo solo sirvió para que el ejecutivo de Javier Fernán­dez diese publicidad a un ‘logro’ en políticas sociales, que ha resultado un fiasco. La alternativa asturiana a la expropiación de pisos, la vía es­cogida en Andalucía, ha resultado ser un rotundo fracaso.

Cajastur, el Banco Santander, BBVA, Banco Herrero-Sabadell, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Gijón y La Caixa, fueron las enti­dades que mostraron su apoyo a la iniciativa del Principado. En el mo­mento del anuncio, la consejera Es­ther Díaz, rehusó dar datos concre­tos sobre el número de pisos que se pondrían a disposición de las fami­lias con problemas económicos, y que, paradójicamente, habían sido desahuciadas por los mismos ban­cos que se sumaron a la iniciativa. A la hora de concretar las aporta­ciones, un mes después (mayo de 2013), solo Cajastur y las Cajas Ru­rales de Asturias y Gijón, pusieron las viviendas a disposición del Principado, aunque esta última aseguró no estar en disposición de ceder ninguna de sus propiedades. El Banco Santander, el Sabadell-Herrro, La Caixa y el BBVA, quienes se prestaron a formar parte de la pantomima organizada por el Principado, ni siquiera volvieron a reunirse con los responsables de Bienestar Social para hacer efectivo su compromiso. La consejera Esther Díaz, en rueda de prensa, aseguraba entonces que “este acuerdo permite lograr el compromiso de los bancos para que paralicen las ejecuciones hipotecarias, facilitando los alquileres sociales”, pero ese compromiso no ha resistido al paso del tiempo. Hace un mes, la consejera reconocía que “respecto a los convenios con las entidades financieras, se han puesto a disposición 18 viviendas, ampliables a 38, pero no se ha utilizado ninguna”. La explicación de Esther Díaz, en una región con más de 100.000 parados, y miles de familias esperando ayudas públicas, el Salario Social y pisos de protección oficial, es que hay “falta de demanda de la ciudadanía”. En la rueda de prensa donde explicó la política de vivienda de su departamento en el último año, el fiasco del convenio con los bancos, solo mereció una frase.

Los pisos, en manos del Principado

Las personas afectadas por un desahucio, no podían acceder a una vivienda de protección social al incumplir las condiciones fijada por la ley. Aunque afectados por un proceso de desahucio, figuran en los registros como propietarios de una vivienda, y por tanto no te­nían derecho a un alquiler social. Por eso se planteó el convenio con los bancos como un atajo para pro­teger a las familias que se habían quedado en tierra de nadie, sin hogar y sin derecho a un alquiler social. “Adecuamos los pisos que nos comprometimos a ceder, y los entregamos a la Dirección Gene­ral de Vivienda”, apuntan desde Caja Rural de Asturias, uno de los bancos que si cumplió lo pactado, “pero sabemos que no están ocu­pados, y no es por nuestra respon­sabilidad”. También reconocen que “alguno de los pisos se encuentra en una zona donde no hay deman­da de viviendas de protección”. No es de extrañar que el Principado no haya sido capaz de encontrar inqui­linos para los 38 pisos entregados por los bancos, cuando según la Plataforma Por una Vivienda Dig­na y Stop Desahucios, hay más de 2.000 viviendas de protección so­cial vacías en Asturias. Algunas están a la espera de ser rehabilita­das y otras atrapadas en la burocra­cia, mientras los expedientes y las solicitudes se apilan en las mesas de los funcionarios.

400 euros al mes, como máximo

Las viviendas sociales de alqui­ler, tienen una renta máxima de 400 euros al mes, aunque lo habi­tual es que el recibo ronde los 100 euros. En ningún caso puede supo­ner más del 30% de los ingresos de la familia. Por otras parte, los ban­cos no cedieron los pisos al Prin­cipado de forma permanente. En realidad, se cubrieron las espaldas incluso ante los posibles desperfec­tos ocasionados. Las personas que acogen a estos alquileres, pueden permanecer en los pisos durante un año, aunque con la posibilidad de prorrogar su estancia hasta un máximo de tres. Además, el Princi­pado asume el coste de los seguros contratados, para que los inmue­bles sean devueltos a las entidades bancarias, en las mismas condicio­nes en las que fueron entregados. El gobierno regional también ade­lanta la fianza. Muchas de las fami­lias que se encuentran esperando la convocatoria del sorteo de pisos de protección oficial o de una vivienda de emergencia (10.000 en total, se­gún diferentes asociaciones), esta­rían dispuestas a pagar un alquiler social de 100 euros para acceder a una de las viviendas cedidas por los bancos. Al último sorteo celebrado en Oviedo, se presentaron un total de 2.554 solicitudes (multiplicó por 14 la oferta de pisos), a pesar de que el coste final, sumando recibos, co­munidad, trasteros y garajes, llega en algunos casos a los 600 euros. La falta de “demanda ciudadana” se debe más al desconocimiento de la fórmula del alquiler social, y la dis­ponibilidad de inmuebles puestos a disposición por los bancos, que a la falta de interés.

La ventanilla única no frena los desahucios

El “plan de choque” contra los des­ahucios, incluyó la creación de una ventanilla única de atención para los afectados. Tras el acuerdo pa­ra la cesión de pisos, Esther Díaz anunció que los bancos también se habían comprometido a negociar, y sustituir los desalojos por los al­quiler sociales. Pero los datos del servicio público, no se correspon­den con un cambio de actitud. En­tre noviembre de 2012 y diciembre de 2013, fueron atendidos 140 ca­sos, de los que 83 fueron resueltos, y solo en 32 procesos se llegó a un acuerdo entre los propietarios y la entidad que concedió la hipoteca. En otros 51, se produjo el embargo. Tres de cada cinco procesos expro­piatorios, acaban con la pérdida del hogar, sin ningún tipo de paliativo. Las fórmulas alternativas, como la dación en pago, una quita de la deu­da, rebajas en las letras mensuales de la hipoteca o un aplazamiento de la deuda, siguen siendo la excep­ción. El año pasado se produjeron más de 1.100 desahucios, unos tres al día. Según los datos del Banco de España, a lo largo de todo 2013, 160 familias españolas perdieron su vi­vienda, a diario. Además, Asturias es una de las regiones donde estos procesos han aumentado, un 13% durante los primeros 9 meses del año pasado, los últimos datos dis­ponibles del Consejo General del Poder Judicial. La consejera Esther Díaz se mostró orgullosa el pasa­do mes de mayo, al asegurar que “hemos conseguido sentar a los bancos al otro lado de la mesa, han prometido colaboración”. La reali­dad es muy diferente: hay más em­bargos, ningún piso cedido ha sido entregado a las familias afectadas, y cuatro de las siete entidades ban­carias ni siquiera han aportado un solo apartamento a la ‘bolsa de vi­viendas vacías’.

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