16:26. MARTES 16 DE JULIO DE 2019

El PSOE permitió el cierre de La Vega

Oviedo
14 junio, 2014

En 2011, el Ministerio de Defensa, dirigido por Carme Chacón, cambió las condiciones de la cesión de las fábricas de armas a General Dynamics, impuso el pago de un cánon, y aceptó la ‘devolución’ de instalaciones

Aznar vendió Santa Bárbara Sistemas, Zapatero avaló el cierre de las fábricas, y Rajoy aceptó todas las peticiones de la multinacional. El PP y el PSOE permitieron, primero, la privatización y después el desmantelamiento de la industria armamentística española, y el cierre de la Fábrica de Armas de la Vega. Desde que General Dynamics solicitó al Ministerio de Defensa la clausura de la Fábrica de Armas de La Vega (12 de abril de 2012), y hasta que el Estado comunicó a Gabino de Lorenzo, delegado del Gobierno, la aprobación definitiva del traslado a Trubia (31 de enero de 2013), pasó menos de un año. Durante diez meses, técnicos, ingenieros y arquitectos, prepararon los informes que necesitaban la empresa y los políticos, para acabar con la planta ovetense. Simples trámites para justificar el cierre, pactado en 2011 por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al aceptar las condiciones de la multinacional norteamericana, sellando el futuro de la industria armamentística española.

El 22 de julio de 2011, una semana antes de que Zapatero tirase la toalla al convocar elecciones anticipadas, el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Carme Chacón, otorgó a General Dynamics una nueva concesión de todas las instalaciones de la antigua empresa pública Santa Bárbara, incluyendo una cláusula que permitía a la compañía cerrar cualquier fábrica, siempre que “preavisase con al menos seis meses de antelación su decisión de abandonar las instalaciones”. Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, el sector estaba punto de ser desmantelado, pero tampoco hizo nada por evitar cierres en Oviedo o La Coruña. En abril de 2012, General Dynamics entregó a Defensa sus previsiones sobre el cierre de La Vega, y un mes después envió a Madrid los plazos y presupuestos de la integración de las dos factorías asturianas, visados por el Colegio Oficial de Ingenieros de Armas. “La entrega al Defensa de dicha instalación está inicialmente prevista para finales del mes de diciembre de 2012”, afirmaba en su escrito Carlos Villar (Teniente general, ex jefe del Ejército y Tierra y consejero delegado de General Dynamics). No erró en sus predicciones. El 20 de diciembre de 2012, la empresa ya había entregado toda la documentación, haciendo efectiva la ‘devolución’.

La compañía no tuvo ningún problema a la hora de conseguir las autorizaciones, como demuestran los informes y correos cruzados entre cargos de segunda fila de los ministerios, como el subdirector general de Patrimonio y el subdirector general de Inspección y Servicios Técnicos (Defensa), la dirección general de Industria y Pymes (Ministerio de Industria), la dirección general de la Guardia Civil (Ministerio del Interior) o el área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias. No hubo trabas, a excepción de las lógicas cautelas. “No existe inconveniente”, escribió el subdirector de Patrimonio, “siempre y cuando las modificaciones no incidan de forma negativa en la operatividad de las instalaciones”. La subdirección de Calidad y Seguridad Industrial también certificó que “informamos favorablemente de dicho proyecto. La empresa deberá auditar las medidas de adecuación a los Reglamentos de Seguridad”. En septiembre de 2012, General Dynamics recibió el visto bueno de la Dirección General de Armamento, firmado por su entonces responsable, el general José Manuel Garcia Sierio, quien fue destinado a un nuevo puesto un mes después. Fue su sucesor, el teniente general Juan Manuel García Montaño, quien el 31 de enero de 2013, remitió un correo a Gabino de Lorenzo, delegado del Gobierno, anunciándole que “la finalización del proyecto de modificación sustancial de las instalaciones de Trubia”. Todo había salido según lo planeado por la empresa.

General Dynamics y el ‘interés propio’

Cuando en 2011, Defensa y General Dynamics renovaron el contrato de cesión de las fábricas, había seis centros de producción en España. Desde entonces, las industrias de Oviedo y La Coruña han sido cerradas, las instalaciones de Palencia fueron vendidas el año pasado a una empresa noruega, y Trubia va de ERE en ERE. La multinacional, “por interés propio” (como reconoce en su escrito al renunciar a La Vega) ha renunciado a las factorías que le resultan “innecesarias”. Cuando en 2011 estaba a punto de caducar el acuerdo firmado en 2001, el comité de empresa de La Coruña había advertido que una falta de acuerdo podría llevar a la clausura de talleres y el despido de trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Defensa anunció la renovación como una garantía para mantener el empleo y la actividad de Santa Bárbara Sistemas. Pero no ha sido así. El PSOE pactó hace tres años la progresiva desaparición de una industria estratégica en España, dando carta blanca a General Dynamics para cerrar fábricas sin más justificación, que el ‘interés propio’.

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