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El Principado no ha reclamado la ejecución de los Fondos Mineros

Política
21 junio, 2014

Hace un mes que la Audiencia Nacional desestimó el recurso que había planteado el Estado para evitar el pago de los Fondos Mineros. El tribunal dio por cerrado el proceso judicial iniciado por Francisco Álvarez-Cascos, durante su etapa al frente del gobierno, cuando denunció al ejecutivo de Mariano Rajoy por eliminar las ayudas. Pero desde que se hizo pública la resolución judicial, el Principado guarda silencio.

Ante la pasividad del gobierno de Javier Fernández, Foro Asturias teme que el Principado y el Estado estén negociando una ‘quita’ que rebaje sustancialmente la cuantía de los Fondos Mineros que Madrid ha dejado sin ejecutar en la comunidad. Un cambio de cromos, ahora que el PP y el PSOE, transitan hacía un gobierno de coalición a nivel nacional. El mutismo del gobierno regional, es muy significativo, teniendo en cuenta que la reclamación judicial que en su día emprendió Francisco Álvarez-Cascos, supone una lluvia de millones para la comunidad, que servirán para impulsar obras y crear empleo. 213 millones de euros, o lo que es lo mismo, treinta y cinco mil cuatrocientos millones de pesetas, que, por ahora, el Principado sigue sin reclamar.

El 21 de mayo, los consejeros de Presidencia e Industria, Guillermo Martínez y Graciano Torre, emplazaron al ejecutivo central a “asumir y ejecutar la sentencia”, que supondrá una inyección de 213 millones de euros en inversiones para la comunidad, correspondientes a los convenios anulados de 2011 y de años anteriores. En paralelo, hay otras dos reclamaciones, que suman más de 121 millones, por los proyectos cancelados de 2012 y 2013. Sin embargo, el Ministerio de Industria no tiene ninguna prisa por desembolsar el dinero que dejó sin ejecutar. El Estado debe realizar un informe técnico para determinar en qué situación se encuentra cada convenio (algunas obras están a medio ejecutar con fondos del Principado, y otras ni siquiera han comenzado), para calcular cuánto dinero tiene que transferir ahora a las administraciones asturianas. Adelantándose a las posibles demoras y retrasos, Foro Asturias exigió un día después de conocer la resolución de la Audiencia Nacional, la reclamación “inmediata” de las partidas anuladas. Foro teme que el Ministerio de Industria y el Principado alcancen un ‘pacto’ para reducir la cantidad que el Estado debe pagar a la comunidad. Javier Fernández ya renunció a incluir varios convenios en la reclamación realizada por Francisco Álvarez-Cascos, y la situación podría volver a repetirse con una ‘rebaja’ sobre el dinero que el Estado adeuda a la comunidad. Industria ya trató de ‘cortar por lo sano’ en abril cuando envió cartas a todos los ayuntamientos afectados, anunciando la ruptura unilateral de los convenios firmados, por valor de 180 millones (el dinero asignado a los municipios), correspondientes a obras que deberían haberse ejecutado entre 2006 y 2012 con cargo a los Fondos Mineros. Aunque el Instituto del Carbón sostenía que los convenios habían caducado, los alcaldes siguieron reclamando el dinero que nunca llegó al Principado. Finalmente, la justicia dio la razón a los 22 consistorios, y por extensión a los municipios de León, Palencia o Teruel, que también reclaman las cantidades que les adeuda el Ministerio de Industria, tras el fallo de la Audiencia Nacional.

Mientras el PSOE asturiano guarda silencio, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, se muestra mucho más reivindicativo. Este mes, registró una proposición no de ley, exigiendo al gobierno la autorización de un crédito extraordinario para financiar los convenios del carbón. Los socialistas cifran en 237 millones , el dinero que el Estado dejó de transferir a la comunidad entre 2012 y 2014. El PSOE, a nivel nacional, ha solicitado “la adopción en el presente ejercicio de las previsiones presupuestarias necesarias para la efectividad inmediata” de la sentencia judicial. Es decir, si no hay partidas en los presupuestos para abonar los 213 millones, el Estado tendrá que pedir un crédito o habilitar una partida extraordinaria.

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