17:07. SáBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019

La concertación social convertida en papel mojado

Política
21 junio, 2014

Antes de finalizar el mes, el Principado debería haber licitado y adjudicado 169,4 millones en obra pública, según el calendario de la concertación social. Pero apenas se han ejecutado 16 millones, menos del 10%. A estas alturas de año, Javier Fernández no ha cumplido ningún capítulo inversor del pacto social, ni tiene intención de hacerlo.

En febrero de 2013, el Principado firmó junto a los representantes de los empresarios y los trabajadores, el Acuerdo por el Empleo y el Progreso en Asturias (AEPA), “un pacto contra la resignación”, y un “ejemplo” a seguir por el gobierno de España. Más de un año después, sólo los sindicatos se muerden la lengua, y no critican los incumplimientos del gobierno regional. Pero la patronal de la construcción es otro cantar, y desde finales del año pasado se suceden los mensajes dirigidos al Principado. El AEPA suscribió un gasto de 242 millones para ejecutar obra pública durante el presente ejercicio. Un 70% (169,4) debería estar adjudicado antes de concluir el primer semestre. Pero la inversión se ha quedado en agua de borrajas . Serafín Abilio, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, advierte que el próximo año la situación aún será peor. El AEPA estará vigente hasta mayo de 2015, cuando se celebrarán elecciones municipales y autonómicas. El gobierno regional tendrá menos de cinco meses para licitar 370 millones para cumplir los acuerdos suscritos en el Plan de Concertación Social, aunque conociendo los antecedentes de este año, lo más probable es que entre el 80 y el 90 por ciento de la partida presupuesta vuelva a quedar sin ejecutar. La patronal de la construcción censura que el Principado sea la comunidad “más escrupulosa con el cumplimiento del déficit impuesto”. Abilio se pregunta de qué sirve firmar acuerdos que no se cumplen, y si merece la pena mantener la concertación. Para Pedro Luis Fernández, presidente de la Fade, “el Principado no se puede permitir el lujo de no invertir”. Por su parte, Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT, reconoce que la inversión en infraestructuras “tiene un déficit importante”, mientras Antonio Pino, su homólogo en CCOO, apunta que el AEPA requiere una gestión “más ágil”. Y la ‘agilidad’ no es, precisamente, una de las virtudes del gobierno presidido por Javier Fernández. Para justificar los incumplimientos, el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, se ampara en que “con los ingresos que hay, se hace lo que se puede. Los presupuestos son los que son”. Sin embargo, las cuentas están prorrogadas, de tal manera que, por lo menos, tendría que haber el mismo nivel inversor de años anteriores. Atribuir a la caída de ingresos, la nula inversión, es un embuste más de un gobierno que sólo atiende el gasto corriente y el pago, aunque con retrasos, de las políticas sociales.

Para justificar tanta inoperancia, la consejera de Fomento e Infraestructuras, Belén Fernández, anunció durante un encuentro con los constructores, que “la licitación en Asturias está por encima de la media nacional”, un pobre consuelo para los empresarios del sector que están cerrando, uno tras otro, sus empresas. La consejera también aventuró que “el gobierno aspira a movilizar más de 200 millones en inversión” en 2014, cuando en los seis primeros meses del año, apenas ha licitado 16. Entre la resignación, la ‘confesión’ y la incapacidad política, Belén Fernández sostiene que “no podemos caer en la simplificación, de que más gasto en infraestructuras es sinónimo infalible de mayor riqueza” aunque, precisamente, la inversión era uno de los ejes del AEPA. Los números, una vez más, delatan la parálisis inversora del Principado. La construcción ha perdido más de 2.000 empresas y 31.487 empleos desde 2007 (el 70%) según los datos de la patronal. La concertación social era una inyección de oxígeno para reactivar un sector moribundo, sustituyendo la edificación de pisos por puentes, carreteras o túneles. Pero pasan los meses, y el jefe del ejecutivo no tiene ninguna intención de cumplir lo pactado hace casi año y medio, cuando hacía alarde de entendimiento con los agentes sociales, y se ponía de ejemplo ante el gobierno central. Ahora, los plazos del AEPA se agotan, convirtiendo el acuerdo en papel mojado. Pura propaganda, al servicio de un gobierno que no ha cumplido ninguna de sus promesas.

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