05:21. LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

¿Cohecho propio, o impropio?

Asturias
28 junio, 2014
MARINA GARCÍA

Joaquín Aréstegui no pagó su estancia, ni tampoco la de su mujer, en el Gran Hotel de Las Caldas. La factura, por un importe de 610 euros, la pagó 60 días después, mediante transferencia bancaria del Banco Popular, la empresa Aquagest, según queda acreditado en los documentos que hoy publica AsturiasDiario. El mismo ‘modus operandi’, que empleó la multinacional del agua, con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP); o el exalcalde de Orense, Francisco Rodríguez (PSOE), imputado en la ‘operación Pokémon’, que también fueron ‘agraciados’ con un noche de hotel en el cinco estrellas de Las Caldas. Todos pasaron por la lujosa suite 237, acompañados por sus respectivas parejas, a cuenta de la empresa Aquagest que asumió el pago de sus estancias, masajes incluidos.

A instancias del sindicato Manos Limpias, Joaquín Aréstegui tendrá que comparecer en la Fiscalía de Asturias, para dar a conocer su versión de los hechos. Por entonces (septiembre de 2009), Aréstegui era diputado en la Junta General del Principado y presidente de la Junta Local de Avilés, mientras que su mujer ejercía de concejal en el consistorio avilesino. Se da la circunstancia de que, tan solo diez días después, el pleno del Ayuntamiento adjudicaba la gestión del agua a la empresa Aquagest a través de la empresa mixta Agua de Avilés. Casualidad o no, Aréstegui y Carmen Vega, aceptaron un regalo o dadiva, de un contratista que licitaba, y ambos lo sabían, a una ‘jugosa’ adjudicación municipal. Y los dos ostentaban cargos públicos. A la Fiscalía le corresponde ahora determinar si hubo algún ilícito penal en la actuación de Joaquín Aréstegui y Carmen Vega, que se dejaron ‘invitar’ a sabiendas de que podría cometer un presunto delito de cohecho, y tal vez hasta tráfico de influencias, que tiene el mismo ‘parentesco’ que el primer ilícito.

Aún así las condenas por cohecho son muy poco frecuentes en la Justicia española, aunque los magistrados últimamente tengan menos manga ancha, desde que se destapó el ‘caso Gürtel’ y los ya célebres trajes del expresidente Francisco Camps. Para José Ramón Chaves, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ocupó la misma plaza en Asturias; hay que distinguir entre el ‘cohecho propio’, que alude a dar o recibir una prebenda para adoptar un acto ilegal; y ‘el cohecho impropio’ que supone recibir una prebenda sin desembocar en un acto ilegal. Un eufemismo jurídico que ampara todo tipo de bribonerías. Es decir, habría que diferenciar entre cohecho a ‘sabiendas’ o cohecho ‘sin conocimiento de causa’. ¿Cuál es la forma de ‘cohecho’ en el que incurrió Joaquín Aréstegui aceptando un ‘bono hotel’ de Aquagest? Solo él lo sabe con absoluta certeza.

José Ramón Chaves, un magistrado que se distingue por ser ‘politicamente incorrecto’, también considera que la interpretación, al pie de la letra, del Código Penal, en cuanto a la figura del cohecho; “llevaría a convertir el Parlamento y las Administraciones Públicas en penitenciarias, ya que pocos políticos, con mando en plaza, se resisten a la lisonja, máxime si va acompañada de detallitos de mayor o menor fuste”. Para la Sala Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de Junio de 2008, los requisitos del cohecho pasivo o impropio son los siguientes:“Es preciso que concurran una serie de elementos para la afirmación del cohecho: a) el ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo; b) la aceptación por éste de dádivas o regalos; c) una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público del funcionario”.

Tres causas y circunstancias que concurren en la noche de ‘luxe’ que pasó Joaquín Aréstegui, junto a su mujer, en el Gran Hotel de Las Caldas.

Finalmente, para el magistrado J.R. Chaves, “el cohecho impropio está pensado para conductas impropias de un político o funcionario, que tiene que tener como resultado o bien la dimisión del político afectado en un ‘ataque de dignidad’, o bien fijar por ley directamente y sin rodeos la inhabilitación para la política de quienes tengan una conducta tan innoble”. Ahora, la Fiscalía de Asturias, tiene la palabra.

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