05:26. LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La elección del presidente de Asturias: una excepción vergonzosa

Opinión
30 septiembre, 2014
AURELIO MARTÍN Portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida

Asturias padece desde su constitución como Comunidad Autónoma una singularidad en su procedimiento de designación de su Presidente. Así, los del resto de las comunidades autónomas de este país y el propio Presidente del Gobierno de España se nombran mediante el llamado mecanismo de investidura, según el cual el Presidente de cada asamblea parlamentaria o, en el caso del gobierno de la Nación, el Rey a través del Presidente del Congreso, y tras las pertinentes consultas con el conjunto de las fuerzas que han obtenido representación parlamentaria, proponen el candidato que consideran que cuenta con más respaldo para que, tras el correspondiente debate, sea investido como Presidente si consigue en primera votación mayoría absoluta, o en segunda votación más votos a favor que en contra.

Sin embargo, como decíamos, Asturias es en esto, como en algunas otras cosas, ciertamente singular y, a través de una ley de hace treinta años, aprobada en los tiempos de la primera mayoría absoluta del PSOE, y que prestigiosos juristas consideran que contraviene nuestro propio Estatuto de Autonomía, se establece un mecanismo que permite que sea elegido Presidente un candidato que tiene más diputados en su contra que a su favor a través del curioso procedimiento de impedir que se pueda votar en contra. Efectivamente, y aunque parezca increíble, el artículo tres de la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno dice que los diputados podrán votar a un candidato o decir “me abstengo”. En teoría, mediante este absurdo sistema, un único candidato con su solo voto a favor podría ser elegido presidente. En la práctica, tras las últimas elecciones autonómicas ‘ordinarias’, las que tuvieron lugar en mayo de 2011, la Junta eligió con este sistema a un Presidente que suscitaba más rechazo que apoyo. Todo eso por no hablar de cómo este procedimiento dificulta los acuerdos entre las fuerzas políticas, lamina a las minorías y favorece sólo a los grandes partidos, o sea, al PSOE y al PP.

Izquierda Unida lleva años intentando cambiar esta ley absurda, que no es sino el reverso de una ley electoral injusta y desequilibrada también hecha a la medida del régimen bipartidista. Lo intentamos en 1995, mediante una proposición de ley para cambiar la redacción de ese absurdo artículo 3 para permitir que las diputadas y diputados pudieran votar en contra del candidato si no se consideraba el más adecuado. No se atendió nuestra propuesta. Lo volvimos a intentar en 2002, en este caso intentando cambiar toda la ley para establecer un sistema de investidura idéntico al resto de las comunidades autónomas. Nos encontramos nuevamente con el mismo muro de arrogante intolerancia de los dos grandes partidos. En 2008, tercer intento, el Partido Popular de Ovidio Sánchez no sólo estuvo de acuerdo en que el modelo asturiano de elección del Presidente no era sostenible, sino que propuso que el nuevo Estatuto de Autonomía que se estaba dicutiendo blindase de una vez por todas el procedimiento de investidura y nos equiparese al resto. La FSA, encabezada por el señor Fernandez, se opuso con el peregrino argumento de que esa reforma les obligaría a pactar para alcanzar una mayoría estable. El actual presidente ya estaba mostrando entonces hechuras de político poco dado al acuerdo y al compromiso. Al final Asturias se quedó sin reforma estatutaria y manteniendo el modelo.

Pero es en este último y recien frustrado intento en el que la Federación Socialista Asturiana ha batido todos los records de maniobrerismo político, y eso que había puesto el listón muy alto tras incumplir su compromiso de reforma de la ley electoral engañando al diputado de UPyD que con su voto garantizó la investidura del Javier Fernández. Izquierda Unida hace casi un año presentó una proposición de ley que, además de cambiar el sistema de elección del Presidente, limitaba sus mandatos a ocho años y eliminaba cualquier tipo de privilegio una vez abandonado el cargo. Esa iniciativa se discutió en marzo por el Pleno de la Junta General y fue tomada en consideración con el voto favorable del grupo socialista que además presentó algunas enmiendas técnicas que, justo es reconocerlo, mejoraban el texto de la ley. Todos pensabamos que Asturias iba a terminar, por fin, con su singularidad. Pero nos volvimos a equivocar. En una jugada de tahur, y por sorpresa, el pasado miércoles el grupo socialista retiró todas sus enmiendas y apoyó una del PP que en la practica suponía cargarse el proyecto de ley. Una vez más Asturias se singulariza como un agujero negro de la ética política.

Porque la jugada del PSOE es pura y simplemente sinvergüencería política. De ninguna otra manera se puede mantener leyes electorales injustas y poco respetuosas con la auténtica voluntad del votante por el único motivo que le benefician. Ciertamente esa ha sido su rúbrica todos estos años, pero parecía que los socialistas habían entendido el mensaje claro y nítido que les lanzó la ciudadania. Nada más lejos de la realidad puesto que a las primeras de cambio protagonizan un comportamiento vergonzoso que nos situa en lo peor de las prácticas políticas que han llevado a este país al desastre en el que se encuentra y a las ciudadanas y ciudadanos a asquearse de todos. Pero, tras este lamentable asunto que ha puesto de manifiesto la auténtica catadura ética de la Federación Socialista Asturiana y su nulo compromiso con la regeneración política, hay un mensaje que los que llevamos años intentando que las cosas de la política se hagan decentemente, queremos dar: Afortunadamente para Asturias y para España no todos somos iguales.

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