04:40. JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020

Juan Ignacio Diego, de mentira en mentira

Caso 'Pokemon', Política
21 enero, 2015
El presidente de Cantabria negó haber sido invitado por Aquagest a Las Caldas, y aseguró que había realizado la reserva a su nombre. Las facturas desmontan sus coartadas
El presidente de Cantabria miente. Y lo hace por cuarta vez. Tras dar a conocer este periódico, en mayo del año pasado, que Ignacio Diego pasó tres noches alojado en el Gran Hotel de Las Caldas en agosto de 2010,  a cuenta de la empresa Aquagest, el político popular desmintió la información a través de su jefe de prensa, asegurando que había pagado la estancia de su bolsillo. Tres días después, “fuentes del gobierno cántabro” cambiaron la versión oficial, reconociendo en una nota de prensa remitida al Diario de Cantabria, que el presidente y su mujer habían sido invitados. En noviembre, la Presidencia del Gobierno de Cantabria emitió otro comunicado, asegurando que “el presidente de Cantabria paga, como es lógico, sus viajes” y valorando la estancia en “200 euros”, cuando la factura muestra un gasto de 421,99. Y en diciembre, a petición propia, Ignacio Diego, compareció ante el Parlamento, para ‘demostrar’ que él mismo había realizado la reserva en el balneario. Todas sus disculpas han resultado ser falsas, como demuestran las facturas y los extractos bancarios a los que ha tenido acceso este periódico. Desde finales del año pasado, Ignacio Diego guarda silencio y se niega a responder en el parlamento a las preguntas de la oposición. Sus declaraciones y las notas de prensa del gobierno cántabro, le han dejado en evidencia.
Primero, Ignacio Diego negó la mayor, asegurando que no había sido invitado por Aquagest en Las Caldas. Después, alegó que se había encontrado por casualidad con Henry Laiño, director de la empresa, a la hora del desayuno, quien insistió en pagar su estancia y la de su mujer. Pero no fue así. La factura fue cargada a Aquagest, quien realizó una transferencia del Banco Popular, varios días después. Finalmente, el presidente aireó, como coartada, que la reserva estaba hecha a su nombre, otra falsedad más. La reserva figura a nombre de “Aquagest”. Además, en las facturas también figura el 10% de “descuento/comisión”, aplicado solo a empresas. Por indicación de Henry Laiño, en la reserva también figura la orden de no incluir el nombre del cliente, además de otras ‘atenciones’, que corrían a cargo de la empresa, como la barra libre, cava o cestas de fruta en las habitaciones. La Policía niega que el encuentro de Ignacio Diego con Henry Laiño fuera casual, ya que existía “premeditación y organización previa”. Ignacio Diego, entonces diputado en el Parlamento, viajó acompañado por su mujer, y por otro matrimonio, formado por Francisco Javier Rodríguez (actual consejero de Obras Públicas) y su esposa, y lo hizo con todos los gastos pagados: habitación, cena, tratamientos faciales, balneario… Un fin de semana todo lujo que podría acabar con la carrera política del presidente cántabro.
Por motivos que solo él conoce, el presidente de Cantabria recibió prebendas de la empresa imputada en la ‘operación Pokémon’ por tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, que salpican a un centenar de funcionarios y políticos de Galicia, Asturias y Cantabria. Entre los dirigentes que disfrutaron del “full credit” (todo pagado) figuran Francisco Rodríguez, ex alcalde de Orense, el ex diputado del PP Joaquín Aréstegui (“botella de cava, cenarán a la carta, todo incluido”), y su esposa, la concejal de Avilés Carmen Vega, o Francisco José Balmori, entonces teniente de alcalde de Llanes y después director general del Principado (cesado por Javier Fernández en noviembre). Los informes de la Policia Judicial concluyen que Aquagest gastó más de 47.000 euros en invitar a políticos al balneario ovetense, como “fórmula de persuasión” para “favorecer la consecución de contratos en el sector público”.

La juez que instruye el caso, Pilar de Lara, ordenó en mayo del año pasado a la Brigada de Delitos Económicos, investigar los  contratos firmados por Aquagest en 22 concejos asturianos, donde presta el servicio del agua. Y la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Avilés, Elena González, dio vía libre a la Intervención General de Estado para analizar toda la documentación, en busca de nuevas ramificaciones de la trama corrupta por por los ayuntamientos del Principado.
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