05:21. LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El ‘caso Pokémon’, tan grave como el saqueo de Marbella

Asturias, Caso 'Pokemon'
20 septiembre, 2015

El ‘caso Aquagest’ es tan grave como ‘caso Malaya’. La juez que investiga la trama del agua compara los efectos de la red con el saqueo del Ayuntamiento de Marbella, bajo la alcaldía de Jesús Gil, que provocó un agujero de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). En su último auto, fechado el 28 de julio, Pilar de Lara mantiene que Aquagest es “una asociación ilícita”, que afecta a “la seguridad del tráfico mercantil” y puede tener “una grave repercusión en la economía nacional”, generando sobrecostes en obras y adjudicaciones públicas. La juez firmó el auto después de los registros en la casa de Joaquín Aréstegui y su esposa, Carmen Vega, y en la sede barcelonesa de la empresa Agbar (las oficinas centrales de Aquagest), aunque antes de que la Policía de Vigilancia Aduanera se llevara 12 expedientes del Ayuntamiento de Oviedo, relacionados con adjudicaciones a las empresas investigadas y obras de saneamiento.

En su auto, Pilar de Lara remite la investigación a la Audiencia Nacional, tras concluir que el ‘pillaje’ se extiende por varias provincias y comunidades autónomas. El alto tribunal tendrá que decidir si reparte la investigación entre -al menos- cinco Audiencias Provinciales (Aquagest está presente en 10 comunidades) o si asume el caso. El auto recoge que “las adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios”, y  “la obtención de información privilegiada”, se realizaban a cambio de “dinero, regalos y viajes a funcionarios y cargos públicos”, además de la contratación de familiares, la anulación de recibos y distintos favores. El ‘caso Aquagest’ abarca delitos de “blanqueo de capitales, falsedad documental, revelación y uso de información privilegiada, cohecho y prevaricación”. En resumen, una extensa trama corrupta en decenas de ayuntamientos de varias provincias.
Las investigaciones han descubierto que Aquagest tenía un “programa de regalos en época navideña para políticos y funcionarios” además de un “presupuesto para comidas”, y ‘atenciones especiales’, como estancias en el balneario de Las Caldas o el Hotel de la Reconquista, viajes, y entradas para competiciones deportivas o conciertos. Y Pilar de Lara también apunta que “Aquagest podría haber participado en la financiación ilegal del PP”, y de otros partidos políticos.
La juez también destaca la “influencia” de Joaquín Fernández, ex presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, en “un gran número de ayuntamientos gobernados por el PP”. Además, dirigió la campaña de Isabel Pérez Espinosa y fue coordinador del PP en la Cuenca del Nalón. Y también era una persona muy minuciosa. Durante el registro de su casa, los agentes requisaron hojas de cálculo en las que se reflejan pagos y gastos a favor de políticos, apuntes contables que podrían convertirse en pruebas de cargo en un futuro juicio. En la lista, con al menos una docena de nombres, figuran Agustín Iglesias Caunedo y Manuel Pecharromán, y sus viajes a Nueva York, Florida, y Croacia, además de comidas y entradas a espectáculos. Los agentes también requisaron 80.000 euros en efectivo. Era el dinero negro de Aquagest, utilizado para sobornar a políticos y funcionarios.
Joaquín Fernández siempre seguía la misma pauta: influía en los pliegos de condiciones para favorecer a Aquagest, y amañanaba concursos públicos. Logró contratos en Nava, Siero, Pravia (intentó la privatización del agua), Tineo, Cangas del Narcea… Y no solo ganaba dinero a través de Aquagest. También lograba adjudicaciones para otras empresas, y gestionaba informes ‘ad hoc’ para los ayuntamientos. Él era el principal “abrelatas”, pero no el único. En la ‘Pieza separa número siete’, que investiga las actividades de Joaquín Fernández, también figura otro imputado, Juan Carlos Guerrero (ex alcalde de Pravia). La juez los relaciona con contratos de gestión de tráfico y multas, limpieza y recogida de basuras, y la compra de GPS, todos en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
La Audiencia Nacional también ha recibido información en el auto sobre Joaquín Aréstegui y Carmen Vega, y de su “connivencia” con Agbar (la matriz de Aquagest), para privatizar el agua. Señala que los ex concejales habrían recibido “dinero en metálico, la rehabilitación de un inmueble, la adquisición de mobiliario para su vivienda, viajes, comidas y gastos ordinarios”, después de la concesión del servicio. Agbar habría utilizado a la empresa CPS para emitir facturas falsas. CPS era una de las ‘tapaderas’ de la trama. En el auto también figuran Conicalia SL, Covami XXI, y Área Norte SL. Según el auto, los constructores pagaban comisiones ilegales a través de Ingenium Consultoría e Ingeniería y Gráficas Naranco, por la adjudicación de obras con sobrecostes pactados. Por otra parte, bajo el epígrafe ‘Relaciones con el Ayuntamiento de Oviedo’, el auto cita a Isabel Pérez Espinosa, delegada de AcuaNorte, que entre 2010 y 2012 realizó compras y contrató servicios a Aquagest, por más de un millón. Y aún “se desconoce la relación entre las empresas del grupo Agbar y el Ayuntamiento”. La investigación sigue abierta, y Pilar de Lara ya cuenta con más expedientes bajo sospecha.
La ‘conexión’ asturiana
Gabino tenía la fama, pero otros cardaban la lana. En paralelo a la “asociación ilícita” que, según la juez Pilar de Lara, era Aquagest,  surgió otra trama en Asturias. Un ‘comando’ político gestado alrededor de adjudicaciones y contratos, que libró su propia guerra para asegurar su propio ‘status quo’, cuando Francisco Álvarez-Cascos intentó regresar al PP de Asturias. De Lorenzo abortó su desembarco por motivos políticos, pero en la revuelta de las juntas locales, hubo otros intereses, para evitar que la llegada del ex ministro, acabara con las operaciones de la ‘camarilla’. Agustín Iglesias Caunedo (ex alcalde de Oviedo), Joaquín Fernández (ex presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio), Juan Carlos Guerrero (ex alcalde de Pravia), o Salvador Garriga (ex eurodiputado), fueron algunos de los instigadores de la candidatura de Isabel Pérez Espinosa al Principado. La ex mujer de Agustín Iglesias Caunedo, tras el fracaso en las elecciones autonómicas, fue nombrada directora general de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte (AcuaNorte). Todo queda en casa, y fluye alrededor del agua.
La red, que se había ‘independizado’, contaba con cabecillas como Joaquín Fernández (imputado por tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos), que dirigieron la rebelión interna en el PP, reuniendo apoyos en otras juntas locales a finales de 2010, para frenar a Francisco Álvarez-Cascos. Aquel motín fue algo más que una disputa política. En el fondo se ocultaba también el interés de una trama paralela que pretendía el dinero público, regalos, atenciones y viajes. Años después, la investigación de la juez Pilar de Lara, las escuchas y los registros, han sacado a flote los tentáculos de Aquagest en Asturias. Y también el papel jugado por los ‘abrelatas’ y conseguidores en los concejos asturianos, que intentaron por todos los medios mantener su privilegiada posición, aún a costa de perjudicar los intereses de su partido. La conexión asturiana de la trama del agua, surgida a la sombra de Aquagest, llevaba mucho tiempo operando con discreción, estableciendo ‘relaciones comerciales’ que solo ha salido a la luz cuando los juzgados han comenzado a tirar del hilo de la corrupción. Todo tenía apariencia de legalidad, pero todo estaba amañado. El intercambio de correos y llamadas telefónicas entre los miembros del comando, deja en evidencia trapicheos que no solo tienen que ver con la gestión del agua (basuras, multas, tráfico, compras…), y que se extienden por muchos municipios del Principado. Aquagest operaba en Galicia, Aragón, Navarra, Baleares, Castilla y León o el País Vasco, pero en Asturias (además de Galicia), estaba fuertemente enraizada, apoyada en una banda de políticos que ahora están siendo investigados.
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