17:30. SáBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019

Cerco a Caunedo

Editorial
1 noviembre, 2015

Agustín Iglesias Caunedo tiene que dar explicaciones y acreditar, con docu­mentos contables, que pagó de su bolsillo los viajes que están bajo sos­pecha. Su comparecencia, el pasado martes, no aclaró nada, ya que solo pudo acreditar que compró -de manera anticipada- entradas para visitar museos y ver un partido de la NBA en Nueva York. De los otros dos viajes, Miami y Croacia, tam­poco tiene facturas, y ni siquiera tiene comproban­tes bancarios que certifiquen que transfirió su parte correspondiente, a Joaquín Fernández, que actuaba, supuestamente, como organizador de los viajes, y que en 2013 fue detenido e imputado en el marco de la ‘operación Pokémon’. Y hasta que Caunedo no muestre públicamente, o a su partido, ‘papeles’, pier­de el tiempo tratando de demostrar su inocencia.

La juez que instruye el ‘caso Pokémón’, Pilar de La­ra, cree que hay una relación causa-efecto, entre los viajes que realizó Caunedo en 2009, y la devo­lución, ese mismo año, de un aval de 166.850 euros a Tribugest, una filial de Aquagest, la empresa que urdió una tupida trama delictiva para amañar con­tratos y adjudicaciones, y saquear las arcas públicas a golpe de ‘mordidas’, sobornos y dádivas. La ‘ope­ración Pokemón’, o ‘trama del agua’ según bautizó este periódico hace ya más de un año; por ahora se ha cobrado más de un centenar de imputaciones en Galicia, Cataluña, Cantabria y Asturias, entre otras comunidades; y es muy probable que estemos en la antesala de una nueva descarga de citaciones e imputados.

Aunque Caunedo sostiene que la devolución del aval -en junio de 2009- contó con todoslos “infor­mes técnicos favorables”, la misma ‘coartada’ que empleó Gabino de Lorenzo para defenderse del ‘caso Villa Magdalena’, y el mismo argumento que utilizan políticos de todo pelaje y condición cuando tienen que poner ‘sus barbas a remojo’; la juez ha so­licitado todo el expediente y la copia de un acuerdo anterior de la Junta de Gobierno, donde se reflejan incumplimientos en el contrato que justificarían la ‘no’ devolución del aval a la empresa Aquagest. Fue­ron los concejales de Somos, el Podemos carbayón, quienes pusieron en conocimiento de su señoría, un acuerdo tomado en Junta de Gobierno, y revocado posteriormente por Caunedo en su condición de concejal de Economía, favoreciendo a los intereses de Aquagest. ¿Pagó Aquagest los viajes de Caunedo como compensación por los ‘servicios prestados’? Eso es lo que trata de esclarecer la juez Pilar de La­ra que, muy pronto, llamará a declarar a Agustín Iglesias Caunedo. Y puede que lo haga, además, en condición de imputado.

Se da la circunstancia, de que uno de los compañe­ros de andanzas viajeras de Caunedo, Joaquín Fer­nández, ex vicesecretario de Comunicación del PP en Asturias y ex presidente de la Junta Local del PP en San Martín del Rey Aurelio; era -y es- uno de los ‘conseguidores’ a sueldo de Aquagest en Asturias; que también tuvo en nómina -durante unos meses- al hermano de la presidenta del PP, Mercedes Fer­nández, según dio a conocer este periódico, e incluso tiene contratada a la hermana de la ex alcaldesa de Llanes, y ahora diputada socialista, Dolores Álvarez Campillo; tal y como desvela hoy AsturiasDiario. La ‘trama del agua’ salpica, por igual, a populares y so­cialistas, ya que el ‘pago en especies’ estaba a la or­den del día según refleja el voluminoso sumario de la ‘operación Pokémon’.

Capítulo aparte merece el ex diputado y ex presi­dente del PP en Avilés, JoaquínAréstegui, un “acti­vo colaborador” de Aquagest, que podría haber re­cibido más de 108.000 euros de la ‘trama del agua’, y aún tendría ‘pendiente de cobro’ otros 250.000. Los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera que re­gistraron el domicilio de Joaquín Fernández, encon­traron en su ordenador abundante documentación que apuntan a un sinfín de ‘pagos en especies’ y pro­bablemente a un ‘sueldo’ de 2.500 euros mensuales, por su ‘participación’ en la privatización del agua en Avilés gobernado, curiosamente, por el PSOE. Aréstegui, que al igual que Manuel Pecharromán, ex concejal del PP en Gijón; se siente “indefenso”, y víctima de una “cacería” al igual que Caunedo; tiene que ser cesado como delegado en Asturias de Sepides, una de las entidades del Estado integradas en la SEPI. Su dimisión como presidente del PP en Avilés, no es suficiente.

Caunedo, Pecharromán, y Aréstegui, se decla­ran “indefensos”, pero la ciudadanía asiste perpleja ante este nuevo episodio de presun­tas corruptelas, desvergonzados enchufismos, y conversaciones -y fotografías- obscenas. El ‘caso Pokemón’ está destapando las vergüen­zas de nuestros políticos, y delata la peor cala­ña de gentuza que utiliza la política para viajar o enriquecerse.

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