20:28. JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020

Aguagest provocó un daño patrimonial de un millón a las arcas municipales

Oviedo
12 noviembre, 2015

Las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, y el convenio firmado por Agustín Iglesias Caunedo con la empresa Aquagest, provocaron un daño patrimonial a las arcas municipales que supera el millón de euros, según el concejal de Economía de Oviedo, Rubén Rosón. El edil, acompañado por la vicealcaldesa Ana Taboada, ha presentado las actas de las Junta de Gobierno de 2008 y 2009, cuando se debatió la devolución de la fianza a Gestión de Ingresos S.A. (la UTE formada por Aquagest y Tribugest, para la recaudación de impuestos). Los informes certifican que la empresa no realizó inversiones comprometidas por valor de 166.000 euros, y pese a ello, le fueron devueltas dos fianzas, una de 440.000 euros (relativa al periodo 2007-2007), y otra de 403.000. «El dinero del Ayuntamiento se fue directamente al bolsillo de Aquagest. Esta es la cuestión más importante, y no solo los viajes de Iglesias Caunedo». El grupo municipal de Somos ha vuelto a pedir la dimisión del portavoz del PP, por no presentar las facturas de sus vacaciones en Estados Unidos y Croacia. «La juez le dio tres días para hacerlo, y no tenemos constancia de que haya entregado ningún justificante de pago. Si no lo tiene, que lo diga», apuntó Rosón. Según el concejal, hay «conductas políticamente reprobables y presuntamente corruptas» lo bastante graves para que Agustín Iglesias Caunedo renuncie al acta de concejal. «Mintió cuando aseguró que el Ayuntamiento no tenía relación con Aquagest, y mintió de nuevo al asegurar que pagó sus viajes». Rubén Rosón también ha recordado que los extractos de la tarjeta bancaria del ex alcalde, mostrados la semana pasada en rueda de prensa, no se corresponden con su estancia en Florida.

Los agentes de Vigilancia Aduanera volvieron ayer al Ayuntamiento para solicitar varios documentos relacionados con Aquagest y la devolución de la fianza. El primero, el acta completa de la Junta de Gobierno del 5 de diciembre de 2008, con las votaciones e intervenciones de todos los participantes. Y el segundo, el acta de la Junta de Gobierno del 18 de junio de 2009, cuando acordó firmar un convenio con la empresa. Ana Taboada ha recordado que «Aquagest presentó una alegación contra la adjudicación del servicio de recaudación a otra empresa (la Auxiliar de Recaudación), que perdió en los tribunales. Posteriormente, inició un recurso, que retiró a cambio de la devolución de la fianza».

En diciembre de 2008, el Ayuntamiento negó la devolución de la fianza, con un informe firmado por el Interventor municipal, José Luís González Díaz. “La comprobación de las prestaciones realizada pone de manifiesto que el adjudicatario no ha llevado a cabo la totalidad de las mejoras comprometidas. La valoración asciende a 166.850 euros”. Además, la ‘comprobación’ costó 6.264 euros a las arcas públicas. En 5 Juntas de Gobierno, el Ayuntamiento negó el pago a Aquagest, certificando que no había cumplido el contrato. A lo largo de 2009, sí realizó algunas de las ‘mejoras’, como la celebración de unas Jornadas de la Hacienda Pública. En el acta del 18 de junio, la Junta de gobierno aprueba “por unanimidad”, la devolución de la garantía, a cambio de que Aquagest retire su recurso en los tribunales. En el acta, avalada también por el Interventor, se reconoce que la empresa no ha cumplido todas las condiciones del acuerdo, pero “deben desestimarse las demás”, y por tanto, “adjuntar el proyecto de convenio para su aprobación, y se propone que se autorice al concejal de gobierno de Economía, Agustín Iglesias Caunedo, para su firma”. Ana Taboada, ha apuntado que pudo existir mala praxis al llegar a un acuerdo con la empresa, porque “los tribunales ya habían fallado a favor del Ayuntamiento, y se encontraba en una posición ventajosa para negociar, o seguir el proceso judicial”. Y además, extiende la responsabilidad a todos los miembros de la Junta de Gobierno (prácticamente el grupo municipal del PP en junio 2009), por aprobar el convenio. La vicealcaldesa ha confirmado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el caso, pero está a la espera del avance de la investigación. “Podría continuar en el juzgado de Instrucción de Lugo, o en la Audiencia Nacional. Sea donde sea, nos personaremos”. El Ayuntamiento también ha solicitado a la juez Pilar de Lara, que informe al consistorio de cualquier nuevo dato que apunte hacia un daño patrimonial o delito cometido desde el Ayuntamiento.

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