05:02. JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020

Arranca el juicio del ‘caso Marea’

Editorial
20 marzo, 2016

Cinco años después del ingreso en prisión provisional de José Luis Iglesias Riopedre (ex consejero de Educación), María Jesús Otero (directora general de Educación), Marta Renedo (jefa de servicio de la administración regional), Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín) y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo); el próximo lunes se abre, en la Audiencia Provincial de Oviedo, el juicio del ‘caso Marea’, la mayor trama de corrupción destapada en Asturias. Por el banquillo de los acusados desfilarán catorce imputados, entre políticos, empresarios, y funcionarios, aunque hay suficientes razones para pensar que la cifra de procesados se ha quedado muy corta.

El macrojuicio, que se prolongará hasta primeros de agosto, es probable que nos depare más de una sorpresa, y hasta nuevas declaraciones e imputaciones. Los principales encausados se enfrentan a penas de prisión que suman 57 años y multas que superan los 5 de millones de euros, lo que da idea de la magnitud de la trama delictiva que, durante años, saqueó con total impunidad las arcas de distintas administraciones públicas. En este sentido, las cifras -también- se quedan muy cortas, ya que la investigación solo alcanza a los últimos cinco años. A última hora, el gobierno regional ha elevado la ‘factura’ del ‘caso Marea’ hasta los 5,6 millones, en concepto de material, encubierto en facturas falsas, que nunca llegó a 87 centros escolares. De nuevo, el ‘botín’, a pesar de lo abultado, se antoja pequeño, teniendo en cuenta que la trama delictiva tenía ‘tentáculos’ en, prácticamente, todas las consejerías del Principado, así como también en los entes públicos, en los principales ayuntamientos, en la Universidad de Oviedo, y hasta en el acuartelamiento de Cabo Noval en Siero.

El ‘modus operandi’, siempre era el mismo, concursos amañados, facturas falsas, encargos no ejecutados (equipamiento del Centro Social de Belén de la Montaña, Biblioteca de El Fontán…), facturas ‘infladas’, regalos (coches, joyas, relojes, muebles, viajes…), ‘mordidas’, sobornos, y hasta el arreglo de las propiedades inmobiliarias de los cómplices y cooperadores en la trama delictiva del ‘caso Marea’. La trama contaba con la complicidad y la cobertura, de otros responsables políticos y funcionarios, que no serán juzgados. El ‘caso Marea’, como la ‘trama del agua’, y ahora la ‘trama del cable’, reflejan que la corrupción, hace tiempo, que está enraizada en Asturias. Demasiadas ‘tramas’, que siempre apuntan en la misma dirección.

Desde hace años, y era bien sabido en las administraciones e instituciones asturianas, Almacenes Pumarín e Igrafo, se habían repartido el ‘pastel’. Almacenes Pumarín operaba en Gijón, Igrafo hacía lo propio en Oviedo, con ramificaciones en muchos otros municipios. Además de las ‘mordidas’, ambas empresas podrían haber financiado ilícitamente al PSOE y el PP. En el registro que los agentes de la Policía Nacional practicaron en las oficinas de Almacenes Pumarín, encontraron dos facturas de propaganda electoral, de la por entonces alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, con cargo a la empresa de Alfonso Carlos Sánchez. En Oviedo, durante veinte años, Igrafo mantuvo un ‘monopolio’ en las contrataciones municipales. Amuebló el nuevo estadio Carlos Tartiere, incluidas las 30.000 butacas para los espectadores; el centro ecuestre ‘El Asturcón, el campo de golf de Las Caldas, los centros sociales, los polideportivos, y hasta la sede del Partido Popular. En paralelo, Almacenes Pumarín también contrataba a familiares de políticos socialistas, y actuaba como ‘tapadera’ para recolocar a militantes del PSOE que se habían quedado sin trabajo.

El voluminoso sumario del ‘caso Marea’ acredita una larga lista de delitos y fechorías: malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho, pago y cobro de comisiones ilegales, sobornos, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Tras cinco años de investigaciones, la Audiencia Provincial ahora tiene la responsabilidad de juzgar a los acusados y emitir un veredicto. Y es deseable, que los magistrados lleguen hasta donde no pudo llegar la juez Ana Pandiella, ni tampoco el juez Ángel Sorando. Pandiella fue obligada por la Fiscalía a inhibirse en el caso, Sorando fue sancionado y acabó pidiendo el traslado.

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