03:45. LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019

Los colegios eran un ‘coladero’

Asturias
23 abril, 2016
LUCÍA GARCÍA

Igrafo y Almacenes Pumarín se ‘embolsaron’ 4,1 millones de euros, en dos años, por material que no suministraron a 87 centros educativos

Los colegios, y otros centros de formación, eran una de las principales ‘líneas de negocio’ de la trama delictiva del ‘caso Marea’. Un coladero para hacer ‘caja’ y repartirse el botín. Solo en dos años (2009 y 2010), Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA) emitieron facturas por valor de 4,1 millones de euros, por material que no suministraron y obras que tampoco ejecutaron, según el informe elaborado por el Principado, y remitido a última hora a la autoridad judicial. El continuado saqueo en colegios, institutos, escuelas rurales, centros de adultos, y conservatorios, eleva la ‘factura’ del ‘caso Marea’ hasta los 9,6 millones. Aunque, probablemente, el ‘agujero’ sea aún mucho más grande, ya que el Principado solo ha fiscalizado los dos últimos años de gobierno de Vicente Álvarez Areces. Las andanzas delictivas de Igrafo y Almacenes Pumarín pudieron comenzar mucho antes, ya que desde 1995 y 1999, eran proveedores habituales del Ayuntamiento de Oviedo y el Principado.

El ‘modus operandi’ siempre era el mismo. Facturas falsas o ‘engordadas’ (sobreprecios), material que nunca llegó a su destino, y reparto del pastel con la complicidad de la Consejería de Educación que hacía la ‘vista gorda’. La trama ‘vendió’ miles de sillas, mesas e instrumentos musicales que solo existían en los albaranes, y realizó supuestas reformas en cocinas de colegios que ni siquiera tienen servicio de comedor. Algunas ventas ficticias apenas superan los 400 euros, mientras la más elevada alcanza los 271.000. A pesar de sus cuantías, habían pasado desapercibidas para el Principado, hasta el año pasado. En junio de 2015, el Principado comenzó a comprobar albaranes y a llamar a los directores de los centros educativos. Pero hasta el 29 de febrero no entregó el informe a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se juzga a los acusados del ‘caso Marea’. La denuncia llegó demasiado tarde para ser incluida en el juicio. Sin embargo, la Fiscalía del Principado está investigando los hechos por si fueran constitutivos de una nueva causa dentro del mismo proceso penal.

Los informes, firmados por María Méndez Martínez, secretaria general técnica del Principado, son demoledores, y cuentan con la certificación de los 87 directores que buscaron, sin éxito, el material facturado por Igrafo y Almacenes Pumarín. Todos señalan que no reconocen sus firmas en los albaranes, y que los documentos fueron alterados. Los sellos son falsos, y se hicieron ‘montajes’ fotocopiando actas de recepción de forma chapucera. Los responsables de los centros detectaron el saqueo a primera vista, en los expedientes que la Consejería de Educación había aprobado sin preguntas ni comprobaciones.

En la Escuela de Adultos de Vegadeo, el acta de recepción de material por valor de 20.538 euros fue firmada un 20 de agosto, con el centro cerrado y su directora de vacaciones. En el instituto de Pravia, donde el fraude alcanza los 203.805 euros (en material de laboratorio y talleres res), hay una factura de 20.170 euros correspondiente al “equipamiento del aula de informática”. Su directora, Maria Antonia Vivanco, apunta que “se dotó un aula de informática, pero no con esos ordenadores”. En el colegio El Carbayu (Siero), no encontraron ningún albarán de una obra que no recuerdan; y en el colegio Rey Pelayo (Cangas de Onís), se pagaron facturas por valor de 128.390 euros, pero solo recibieron “un mando a distancia y un reloj de pared”, valorados en 406 euros. En el colegio Julián Gómez Elisburu (Gijón) hubo una supuesta compra de 17.186 euros, que “se pagó dos veces. El material fue pagado por el colegio, y la Consejería también pagó por un material que no fue suministrado”. La trama actuaba sin disimulo, endosando la compra de 109 sillas al colegio Poeta Antón de Marirreguera de (Candás), cuando el centro apenas llega al centenar de alumnos. En el colegio Clara Campoamor (Langreo), figura la adquisición de mobiliario para el comedor por 4.324 euros. Su director, Daniel García Ron, aclaró a los técnicos del Principado que en el centro “no hay ni ha habido nunca un comedor escolar”. Al Conservatorio ‘Eduardo Martínez Torner’ de Oviedo se cargaron 4.000 euros en xilófonos y 3.300 en bombos; y en el Conservatorio de Gijón, Igrafo y Almacenes Pumarín facturaron 91.600 euros en concepto de “adecuación de espacios”, una reforma que no fue ejecutada.

Igrafo y Almacenes Pumarín ingresaron 4,1 millones facturando al Principado sillas, armarios, pizarras, paragüeros, pupitres, lámparas, ordenadores o flautas, que los directores de los centros no habían pedido, y que tampoco recibieron. Sin embargo, todos los albaranes figuraban en los expedientes de la Consejería de Educación, sin que nadie comprobara la recepción de los millonarios gastos y pedidos. La chapucera falsificación de los albaranes y las actas de recepción, tendría que haber hecho saltar todas las alarmas. Pero los controles, si es que existían, no funcionaron. El Principado tardó 8 meses en concluir un informe sobre las supuestas compras de material en 87 centros educativos, cuando sus directores, podrían haber contestado a sus preguntas en tan solo un minuto.

Comparte:
  • Print
  • Add to favorites
  • RSS
  • Digg
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Bitacoras.com
  • email
  • Live
  • MySpace
  • Netvibes
  • Technorati
  • Twitter