21:07. MIéRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cercados por las pruebas

Caso Marea
6 mayo, 2016
PEDRO ALBERTO ÁLVAREZ

La situación de los principales acu­sados del ‘caso Marea’, empeora cada día, ya que están siendo cer­cados por los testigos, las pruebas y las grabaciones telefónicas (pin­chazos). Y se están quedando sin coartadas. Los responsables polí­ticos que han comparecido ante el tribunal (Ana Rosa Migoya, Carlos Madera, Alberto Pérez Cueto) han negado conocer las ilegalidades; los funcionarios han reconocido que los ‘cabecillas’ ordenaban a quién contratar; y los testigos tam­bién han acorralado a los procesa­dos. José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñíz no tienen coarta­da, ni explicación, para las conver­saciones grabadas por la Policía, y reproducidas por la Fiscalía, desde los “pocos sondeos, pero bien paga­dos”, que pedía Riopedre, a los “seis millones -de pesetas- que tenemos aquí”, que Víctor Manuel Muñíz en­tregó a Marta Renedo. Y además, la ex jefa de servicio, falsificó firmas de sus superiores, debilitando cual­quier defensa.

La teoría del ‘caos contable’ y los ‘pagos en diferido’, defendida por los empresarios de Almacenes Pumarín e Igrafo, que se presentan como víctimas de la administración, no se sostiene. Y las insinuaciones de Marta Renedo, cuando afirmó que preparó facturas falsas por orden de Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto, con conocimiento de la ex consejera Ana Rosa Migoya, para pagar gastos de la consejería de Presidencia, aludiendo a una “financiación ilegal” del PSOE, no han ido a más. La ‘semana in­fernal’ para el Principado que pro­nosticaron los abogados defenso­res, quedó en nada. Migoya y los directores generales salieron in­demnes de su declaración como testigos, mientras la declaración de Azucena Vega, una de las per­sonas a quien Marta Renedo su­plantó su personalidad para abrir cuentas bancarias, fue demoledo­ra. “Renedo me pidió por Dios, por sus hijos, que no la denunciara”.

Sin embargo, tras la sesión de ayer, los abogados de los principa­les acusados se mostraron satisfe­chos con el desarrollo de las tres primeras semanas de juicio. Javier Dapena, defensor de Alfonso Car­los Sánchez (Almacenes Pumarín), mantiene que su cliente se limita­ba a entregar al Principado el ma­terial solicitado, “sin preocuparse de cómo era utilizado después, o a dónde se enviaba”. Al igual que la defensa de Víctor Manuel Mu­ñíz, alega que solo recibían y en­tregaban pedidos, y que no tenían ninguna influencia sobre las con­trataciones, negando incluso los numerosos y cuantiosos regalos recibidos por María Jesús Otero, acreditados durante la investiga­ción (viajes, coches, joyas, comi­da, muebles…). Javier Dapena no ha variado su línea de defensa: los empresarios fueron víctimas de la administración, no eran conscien­tes de cometer ninguna ilegalidad, y desconocían la existencia de una trama corrupta. Ana Muñíz, letra­da de la ex directora general de Educación, María Jesús Otero, ha destacado las contradicciones de los testigos (algunos señalaron a Otero como la “jefa”, pero des­pués han corregido sus declaracio­nes), argumentando que su cliente siempre actuaba de buena fe. Sin embargo, las grabaciones telefóni­cas dejan en evidencia los regalos y pagos de Almacenes Pumarín a Otero, desmontando sus defensas. Sergio Herrero, el abogado de José Luis Iglesias Riopedre, no realizó ninguna valoración sobre la situación de su defendido.

Por otra parte, seis de los acusados, podrían abandonar la próxima semana el banquillo. La Asociación de Vecinos de Llanes (AVALL), que ejerce la acusa­ción popular, ha retirado los car­gos contra los funcionarios de Oviedo, Avilés, Mieres y la Escue­la de Ingeniería de Gijón: Paz Ro­dríguez Pendás, José Villa Cantero, Isaac Ovies, Francisco Javier Juá­rez, Braulio Iglesias y José Ma­nuel Blanco. AVALL solicitaba para ellos dos años de cárcel por cohecho, pero tras sus declaracio­nes, ha rectificado. Solo sigue en pie la acusación popular de Pode­mos, representado por el abogado Alberto Suárez. Los letrados reco­nocen que no hay pruebas de car­go contra ellos, y es posible que Po­demos también les exonere. Tal co­mo se está desarrollando el juicio, los abogados consideran probable que, aunque siguieran imputados, acabarían siendo absueltos por el tribunal. Suárez considera que la Policía Nacional ha dedicado “po­co tiempo” a investigar a estos acusados, como reconocieron los agentes que declararon el pasado jueves. Las próximas semanas co­menzarán a comparecer los testi­gos citados por las defensas, pero el peso de las declaraciones reali­zadas hasta ahora, y las revelado­ras, y demoledoras, grabaciones telefónicas (pinzhazos), mantie­nen en una complicada situación a los principales acusados de la trama corrupta.

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