20:02. MIéRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020

Un nuevo ‘montorazo’

Editorial
1 agosto, 2016

El ministro Montoro ataca de nuevo, pe­ro lo hace con balas de fogueo. Cristóbal Montoro amenaza ahora con cerrar, a las bravas, tres empresas públicas de Gijón y una de Mieres. Su cruzada contra los ayuntamientos es a escala nacional, aunque en As­turias solo ha enviado requerimientos a los ayunta­mientos de Gijón y Mieres, Oviedo se ha librado del ‘penúltimo montorazo’ al tener la mayor parte de sus servicios (agua, transporte urbano, recogida de basu­ras, recaudación de impuestos…) privatizados.

Montoro, ministro en funciones de Hacienda y Admi­nistraciones Públicas, y el ministro que ‘amnistió’ e ‘in­dultó’ a cientos de defraudadores y saqueadores que escondían su botín en paraísos fiscales -entre ellos al­gún alto directivo del ADIF, la sociedad pública que ejecuta en toda España las obras del AVE-; ha dado un ultimátum a los consistorios de Gijón y Mieres pa­ra que disuelvan, cierren o liquiden sus empresas de transporte público, vivienda, y hasta la sociedad de festejos Divertia, resultante de la fusión de la Socie­dad Mixta de Turismo, el Teatro Jovellanos y el Jardín Botánico. Afortunadamente, todo quedará en una ‘ser­piente’ o ‘tormenta de verano’ que amainará durante las próximas semanas. Aún así, estamos ante una nue­va vuelta de tuerca a los ayuntamientos, que en los úl­timos años han tenido que asumir más de una ‘carga’ social centrifugada desde la administración central. El Estado suelta lastre sobre los consistorios de toda España, endosa a los ayuntamientos gastos y obliga­ciones que no le corresponden a las administraciones locales, impide que los ayuntamientos contraten per­sonal (tasa de reposición), y al mismo tiempo trata de ajusticiar a la administración menos gravosa y defici­taria en el conjunto de todo el Estado.

Hacienda exige cuentas, pero hace la ‘vista gorda’ con la administración central que tiene un ‘agujero’ de 810.000 millones y se muestra tibio con las adminis­traciones autonómicas, casi todas gobernadas por el PP, que acumulan un déficit de 284.000 millones. Los ayuntamientos, el ‘patito pobre’ de la administración, tienen débitos por valor de 35.000 millones, muy lejos de los ‘números rojos’ de las otras dos administracio­nes. Sin embargo, el ministro en funciones hostiga y aprieta las clavijas únicamente a los ayuntamientos, aunque se olvida del consistorio de Madrid, goberna­do durante los últimos 24 años por el PP, y que arras­tra la mayor deuda municipal de España, 4.728 millo­nes de euros.

Cristóbal Montoro, azote de los ayuntamientos, tratar de meter en cintura a un país muy deficitario, y tam­bién irresponsable en la gestión de los recursos públi­cos. Pero lo hace de manera soberbia, arbitraria, y has­ta con distintas varas de medir. En Gijón quiere cerrar, ‘manu militari’, Divertia, Emtusa, y Emvisa; mientras que en Madrid y en la administración central, mira ha­cía otro lado y se salta a la torera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los objetivos de déficit impuestos por la ‘troika’ europea. El galopante déficit español, pone contra las cuerdas al ministro Montoro. Por primera vez, la deuda pública española ha superado el 100% del PIB, lo que equivale a 1,095 billones de euros, al cierre del primer trimestre. Solo en marzo, el Estado se endeudó en otros 14.000 millones. Sin embargo, los ‘hombres de negro’ de Montoro no intervienen ni fis­calizan las cuentas del Estado, y su afán intimidatorio solo alcanza a la España periférica.

En Asturias, al igual que sucede en toda España, las empresas y sociedades municipales, son deficitarias pero prestan un servicio esencial a los ciudadanos. A finales de cada ejercicio, los consistorios hacen apor­taciones “extraordinarias” para cuadrar sus cuentas ya que estas entidades son ‘apéndices’ municipales que actúan como filiales de los ayuntamientos, pero con mayor autonomía y, en teoría, una mayor agilidad ad­ministrativa. Lo mismo sucede en Oviedo, donde el PP privatizó prácticamente todos los servicios y equi­pamientos municipales, y al mismo tiempo paga una anualidad -por su gestión- a las empresas privadas. El Ayuntamiento capitalino sale, cada año, al ‘rescate’ de TUA que no paga ni la compra de los autobuses nue­vos que entran en circulación, y en otros muchos mu­nicipios, como Llanera, el consistorio también cuadra las cuentas de la empresa que explota la piscina muni­cipal. A los consistorios, y a cualquier administración, hay que exigirles moderación en el gasto y tolerancia cero con el despilfarro. Poner freno al desbocado gas­to de las administraciones públicas que, por primera vez, ha superado el billón de euros en España, es una prioridad y una responsabilidad del Ministerio de Ha­cienda y Administraciones Públicas. Pero se equivoca el ministro Montoro emprendiendo una cruzada con­tra la administración más pobre y menos deficitaria. Por ahora, el ‘montorazo’, lo único que ha conseguido es disparar la alarma social en Mieres y la indigna­ción en Gijón.

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