11:15. MIéRCOLES 08 DE ABRIL DE 2020

Contratos y obras amañadas

Política
12 noviembre, 2016
PEDRO ALBERTO ALBAREZ

Primero fue el ‘caso Marea’. Después, la trama del agua. Y ahora, la trama del cable. En todos los casos se repite el mismo ‘modus operandi’, con contratos amañados, doble contabilidad y actuaciones fraudulentas. Según los correos electrónicos enviados de forma anónima la semana pasada a la Junta General, y que también ha recibido este periódico, en la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado (GITPA), también hubo concursos manipulados para adjudicar obras, y sobrecostes millonarios que acabaron pagando todos los asturianos. El GITPA, que depende de la Consejería de Industria, fue creado en 2005 para llevar Internet, televisión por cable y cobertura móvil a la zona rural, a través de kilométricas redes de fibra óptica. Su función era ‘conectar’ la Asturias profunda a las nuevas tecnologías, y dispuso de presupuestos millonarios, que en los años de mayor actividad (2010 y 2011), llegaron a 9,9 y 8,14 millones. Desde sus inicios ha adjudicado contratos por valor de más de 68 millones de euros (3 en contratos menores), y aunque su liquidación está prevista desde 2013, sigue abierta y consumiendo recursos públicos (4,5 millones en las cuentas prorrogadas de 2015).

El GITPA se creó para ‘cablear’ la región, pero se utilizó para engordar facturas y adjudicar contratos a dedo, previos sobrecostes. Las obras eran difícilmente cuantificables, y su fiscalización, casi imposible. Los correos electrónicos, intercambiados por gerentes del GITPA (como Argentina C.A), responsables de las empresas, y trabajadores del despacho de abogados Garrigues (consultado habitualmente sobre la letra pequeña de los contratos), dejan en evidencia su forma actuar, aunque la Fiscalía aún ha de determinar la autenticidad de los documentos, y determinar si existen nuevos indicios de delito. En uno de los e-mails, Argentina C.A., asegura que “hay que adjudicar la obra a Thales, y vamos con retraso” (una multinacional con 1.200 empleados). Y en el mismo correo, reconoce que “se me hace difícil justificar que AGGAROS es la “única empresa capacitada”. AGGAROS es la empresa catalana, donde Juan Manuel Rodríguez Bañuelos trabajó antes de ser nombrado director general del GITPA. Rodríguez Bañuelos fue destituido por el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. Su sucesor, Eduardo González, también fue cesado, después de que la Fiscalía del Principado apreciara indicios de malversación, prevaricación, falsedad documental, en obras que alcanzaron los 9 millones. Socialista ‘pata negra’ y miembro de la agrupación del PSOE en Llanes, Rodríguez Bañuelos también adjudicó a la empresa de su hijo -Twisterwill- contratos por valor de 75.000 euros, para realizar la pá gina web del GITPA, trípticos y cartelería. Además, el hijo de Bañuelos también creó la web electoral de la alcaldesa de Llanes, Dolores Campillo. El ex gerente del GITPA declaró que “sea mi hijo o no, no es ilegal”. Por otra parte, en los correos de Argentina C.A. se cita a Luis Iturroz (“dijo claramente que no quería oír hablar de cables, tubos y demás, que luego dieran problemas con Patrimonio”), ex consejero en los gobiernos de Vicente Álvarez Areces y en el GITPA, que abandonó para regresar al Ayuntamiento de Gijón.

Los correos revelan reuniones entre los empresarios y los directivos de GITPA, para negociar las fechas de los contratos y ‘dobles certificaciones’. Las adjudicatarias, al terminar la obra, enviaban dos documentos al GITPA. Una certificación “oficial”, para que el presupuesto cuadrase con la obra ejecutada, y otro “real, con el importe no ejecutado, a vuestra disposición”, una información que confirmaría los sobrecostes pactados y la ‘doble contabilidad’, como adelantó el diputado del PP José Agustín Cuervas- Mons, quien denunció la “trama corrupta” del GITPA, basada en la doble contabilidad, sobrecostes y adjudicaciones a dedo. Una ‘trama del cable’ que la ex consejera Ana Rosa Migoya afirma desconocer, y que el ex consejero Graciano Torre, afirma que no existió. “La auditoría en GITPA solo sirvió para tirar el dinero”. Sin embargo, las informaciones anónimas remitidas a la Junta General, que ya están en manos de la Fiscalía, ofrecen otra visión sobre el ‘modus operandi’ del GITPA. Los correos demuestran cómo se amañaban las contrataciones. “La idea es tramitar negociados por razón de la cuantía, y lo de las Comarcas Mineras por razones técnicas (eso ya lo justificaremos)”. El objetivo era agotar los presupuestos. “Lo que exceda de la cuantía de Llanes, podríamos añadirlo al contrato de las Comarcas Mineras, que no tiene límite económico”, explicaba Argentina C.A. a un directivo de Thales. Desde GITPA incluso se solicitaban “facturar altas” y se modificaban los pliegos de condiciones para que la “fase de licitación y adjudicación sea lo suficientemente ambigua”. Una trama perfectamente organizada que, durante años, además de ‘cablear’ Asturias, desvió dinero de sus presupuestos, a otros fines, que nada tenían que ver con las nuevas tecnologías. El próximo miércoles, Rodríguez Bañuelos y la cúpula del GITPA (incluyendo a Argentina C.A.), comparecerán ante la Comisión de Investigación de la Junta General, y tendrán que enfrentarse al contenido de sus correos electrónicos

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