16:00. VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020

La sentencia del ‘caso Marea’

Editorial
10 septiembre, 2017

Siete años y siete meses después, del comienzo de las investiga­ciones, y trece meses después de haber quedado visto para sentencia, esta semana hemos conocido el fallo del ‘caso Marea’. Y las pe­nas dictadas, son las esperadas para los principales encausados. Nueve años y me­dio de prisión, para María Jesús Otero, ex número dos de Educación en el Principado; nueve años para la ex funcionaria, Marta Renedo; seis años para el ex consejero, Jo­sé Luis Iglesias Riopedre; y seis años y me­dio de prisión para los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín), que han recibido la condena más ‘benévola’. Aho­ra, la Fiscalía tendrá que decidir, la próxi­ma semana, sí pide el ingreso en prisión de los condenados si considera que hay riesgo de fuga. Por su parte, las defensas pedirán que sigan en libertad hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que ya es­tán en marcha. Dos cuestiones procesales que ya no alteran una sentencia que pone fin al proceso abierto a la mayor trama de corrupción destapada en Asturias.

Lejos de reconocer y de arrepentirse de sus pecados, los condenados, como Riope­dre, siguen negando la mayor y también la menor. Sin embargo, el auto y la senten­cia, acredita y refleja, el continuo saqueo de fondos públicos que perpetraron duran­te más de diez años los principales encau­sados, así como el vergonzoso enriqueci­miento del clan del ‘caso Marea’, que con total impunidad, y hasta cierta permisivi­dad interna en el Principado, delinquieron sin que nadie pusiera fin ni denunciase sus fechorías. Aunque no ha podido ser acre­ditado, en el ‘caso Marea’ también subyace el pestilente olor a financiación irregular de partidos políticos. Solo así se puede en­tender que, durante más de 20 años, dos empresas (Igrafo y Almacenes Pumarín) tuvieran el monopolio de los contratos del gobierno regional, de los principales ayun­tamientos asturianos, y también de los en­tes públicos, y hasta de la Universidad de Oviedo.

En todo este tiempo, el gobierno regional, ha eludido cualquier tipo de responsabili­dad, aunque fallasen en cadena todos los controles administrativos y los servicios de Intervención. Pero sería ingenuo pen­sar, que nadie en la administración del Principado, conociese los tejemanejes y corruptelas que se traían entre manos los cabecillas de la trama. En este sentido, la in­vestigación reveló que más de 100 funcio­narios y empleados públicos, mantenían relaciones comerciales a través de socie­dades mercantiles administradas por fa­miliares, cuando no por ellos mismos, con el Principado. Chanchullos que quedaron al descubierto, aunque no fueron persegui­dos ni castigados.

El ‘caso Marea’ ya tiene sentencia más de siete años después del comienzo de las in­vestigaciones. Pero existe la sensación de que en el banquillo de los acusados no se sentaron todos los implicados en una tra­ma que dejó al descubierto una tupida tra­ma de corrupción, mordidas y sobornos, en distintos escalones de la administra­ción regional, y de otras muchas institu­ciones, con la complicidad de dos empre­sarios que mantenían privilegiadas relacio­nes con los principales dirigentes del PSOE y el PP, en el Principado y también en los ayuntamientos.

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