10:52. SáBADO 18 DE AGOSTO DE 2018

Y van 95 millones…

Editorial
1 febrero, 2018

El rescate del ruinoso ‘Calatrava’, le va a salir muy caro el Ayuntamiento de Oviedo, que va a tener que pagar 20 millones de euros, a la empresa constructora (Jovellanos XXI). Aunque el consistorio, y los ovetenses, son los principales damnificados, es el Ayuntamiento quién tiene que indemnizar a una sociedad mercantil por los años que le quedaban de gestión y explotación de un Pa­lacio de Congresos, que nunca ha levantado cabeza. Y la factura podía haber sido aún más elevada, ya que Jove­llanos XXI exigía 95 millones cuando comenzó un pro­ceso judicial que esta’ semana ha llegado a su fin. Con­tra la sentencia del Supremo, ya no cabe ningún tipo de recurso, y ahora el Ayuntamiento tendrá que pagar 20 millones, en lugar de recibir una indemnización, por los daños y perjuicios, que ha ocasionado un equipamien­to completamente inútil, y que quedó a medio hacer, ya que la empresa constructora se declaró en concurso de acreedores.

La historia se repite, y como ya sucedió en el eterno ‘cule­brón’ de Villa Magdalena, al Ayuntamiento siempre le to­ca pagar, por ruinosos inmuebles, para evitar incurrir en la absurda figura jurídica del enriquecimiento ilícito. En­tre unas cosas y otras, el tripartito lleva pagados, a cuenta de los contribuyentes, 70 millones de euros (más de once mil seiscientos millones de las difuntas pesetas) por los ‘agujeros negros del gabinismo’. Al tripartito le asiste la razón cuando crítica los ‘pufos’ que ha heredado, y que suponen, además de un descomunal quebranto para las arcas municipales, restringir a la mínima expresión las inversiones, para poder hacer frente a los vencimientos y ‘letras’ que le endosó Gabino de Lorenzo.

Al equipo de gobierno se le pueden cuestionar y censurar muchas de sus actuaciones, como hoy hace este periódi­co; de la misma manera que, desde nuestro nacimiento (2003), hemos venido denunciando las tropelías de Ga­bino de Lorenzo. Quince años después, las vergüenzas del ex alcalde de Oviedo, y hoy Delegado del Gobierno, siguen quedando al aire, y su olor es pestilente aunque hayan pasado tres quinquenios de atropellos y engen­dros urbanísticos (el Calatrava), y de una extraño contu­bernio urdido por el Ayuntamiento y Jovellanos XXI, la ‘operación de los Palacios’; que solo ha generado bienes gananciales para una de las partes: los promotores de es­te otro ‘petromocho’, que vendieron la galería comercial del Calatrava por 130 millones, los laterales (oficinas) al Principado por 58 millones, mantienen la explotación del parking interior, han arrendado el Hotel Ayre, y ahora se van a embolsar otros 20 millones, a costa de dejar tiesas las arcas municipales. Un gigantesco ‘pelotazo’ urbanís­tico, como ya advertimos en un lejano febrero de 2003, que contó con el beneplácito del PP y la complicidad del PSOE de Vicente Álvarez Areces.

Las cuentas y los galopantes números rojos del ‘gabinis­mo’, producen sonrojo, y también indignación en la ciu­dadanía. 60 millones, a fondo perdido, por el palacete de Villa Magdalena; 20 millones por el Palacio de Congresos -el resto del Calatrava es del Principado y de los Cosmen-; y otros 15 millones en concepto de ‘agujeros varios’ ( ex­propiaciones, indemnizaciones de los planes de empleo, sentencias..). Y habrá más, ya que el Ayuntamiento, al fi­nal, también tendrá que pagar por el ‘rescate’ de la parcela y los forjados del fallido spa de Ciudad Naranco. A día de hoy, los ‘números rojos’ de Gabino de Lorenzo ya alcan­zan los 95 millones de euros, lo que delata una vergonzo­sa y ruinosa gestión, pero también, que la clase política nunca paga por sus errores, quebrantos y desmanes.

La trama de los cursos de formación

El documento que publicamos hoy en la portada de Astu­riasDiario, es una demoledora prueba de cargo contra el sindicato UGT en Asturias, que habría destinado 1,3 millones de euros, para fines que nada tienen que ver con la formación y la creación de empleo. Los agentes de la Unidad Central Operativa contra la Delincuen­cia Económica (UCO), incautaron abundante material probatorio en el registro que practicaron hace un año, en la sede central de UGT Asturias, en Oviedo. En el voluminoso informe de 126 páginas, que han remitido al juzgado que investiga la ‘trama de los cursos de for­mación’, concluyen que el sindicato se “financió ile­galmente” con las ayudas que recibía, y recibe, del go­bierno regional. El supuesto saqueo y desvío de dinero, podría ser aún mucho mayor, ya que la investigación solo alcanza a cuatro años (2010-2014). En UGT, poco antes del registro de sus dependencias, se emplearon a fondo para borrar los discos duros de los ordenado­res, y evitar que los agentes hallasen el montante total del saqueo de los fondos reservados a la formación y el empleo.

Por lo pronto, y a la espera de que la Justicia y la Agen­cia Tributaria, determinen los posibles ilícitos pena­les que hayan podido cometer los dirigentes de UGT en Asturias, el Principado, no solo tiene que poner en marcha una comisión de investigación sobre los cursos del sindicato, también, de manera cautelar, debería de cortar el grifo de las ayudas a un sindicato bajo sospe­cha, en el punto de mira de la UCO y de los inspectores de Hacienda, y con su ex secretario general, Justo Ro­dríguez Braga, investigado por fraude y malversación de fondos públicos. Además, UGT tiene que aclarar si desvió o no, decenas de miles de euros de los cursos de formación, a la ‘caja B’ del sindicato. Si no lo hace, UGT seguirá bajo sospecha, y alguien tendrá que exigir ceses y dimisiones, y el Principado la devolución del dinero que nunca llegó a su destino.

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