11:19. SáBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El experto en delitos urbanísticos, ‘desaparecido’ desde octubre

Oviedo
25 marzo, 2011

Pedro Alberto Álvarez

Hace cinco meses que Santiago Muñóz Machado, el abogado experto en delitos urbanísticos ‘fichado’ por Gabino de Lorenzo, no da señales de vida en Oviedo. A pesar de que el caso ‘Villa Magdalena’ aporta novedades cada día desde hace un mes (informe de la Sindicatura de Cuentas, traslado a la Fiscalía Anticorrupción, correos robados…), el letrado parece haberse desvinculado del proceso.
El Ayuntamiento contrató los servicios del despacho de Muñoz Machado en junio de 2010, para que redactase el dictamen de Defensa sobre los problemas jurídicos que plantea el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y COMAMSA. El abogado cobró por ello 60.770 euros (IVA incluido), un informe que debía dar ‘sustento legal’ al pago de la deuda por la expropiación de ‘Villa Magdalena’, a cambio del subsuelo de Uría y otros aprovechamientos urbanísticos. Muñoz Machado se comprometió a entregarlo en dos meses, pero el Ayuntamiento se vio obligado a concederle dos prórrogas, ante el incumplimiento de los plazos establecidos. Además, el consistorio decidió poner en sus manos la defensa municipal en todos los procesos abiertos contra el macroaparcamiento: cinco recursos contencioso-administrativos y dos alegaciones ante la Unión Europea. Por cada uno de ellos, cobra 14.160 euros, disparando su minuta total hasta los 160.000 euros. Su último trabajo -hasta la fecha- para el Ayuntamiento, fue la redacción -mediante un contrato menor-, de las alegaciones al Informe de la Sindicatura de Cuentas, otros 7.080 euros. Jaime Reinares, como concejal de Economía, presentó el escrito ante el órgano fiscalizador el 13 de octubre del año pasado, doce folios en los que se asegura que la Sindicatura se extralimita en sus funciones y solicita que se elimine del informe el punto 11.4.6, el “análisis de la expropiación de Villa Magdalena”. La recomendación de Muñóz Machado al equipo de gobierno es tan sencilla como inútil a efectos de la Sindicatura de Cuentas: deben alegar que la expropiación ha de desvincularse de la fiscalización municipal.
Tras cobrar más de 167.000 euros, Santiago Muñóz Machado no ha vuelto a recibir ningún encargo municipal. Al mismo tiempo, la oposición sigue criticando la contratación de un abogado externo para defender la actuación del equipo de gobierno utilizando fondos públicos, cuando podrían contar con el servicio de la Abogacía Consistorial, que sigue ‘apartada’ del caso. Por ahora, la Junta de Gobierno no ha ‘adjudicado’ al letrado la defensa ante el Tribunal de Cuentas, más allá de las alegaciones presentadas ante la Sindicatura. Tras su contratación, la Junta de Gobierno acordó encomendarle “la defensa municipal en los litigios de cualquier tipo que se pudiesen suscitar en relación al expediente expropiatorio”. ¿La denuncia contra Gabino de Lorenzo y Jaime Reinares por encubrimiento y revelación de los correos de Rosa Zapico -ex secretaria general de la Sindicatura-, también sería de su responsabilidad? ¿Y el proceso que podría abrir la Fiscalía Anticorrupción? Ambas cuestiones podrían estar fuera de las competencias profesionales de este Catedrático de la Universidad Complutense, aunque tendrá que ser la Junta de Gobierno quien determine si siguen contado con su asesoramiento legal para llevar el caso o, en su defecto, apoyar al equipo de gobierno con nuevos informes o alegaciones.

El otro frente de Muñóz Machado

Además del ‘caso Villa Magdalena’ y de presentar un libro-denuncia sobre el ‘caso Telecinco’, Santiago Muñóz Machado también ha sido protagonista por un dictamen solicitado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Este informe avala la operación urbanística en el barrio de El Cabanyal, que había sido paralizado por la Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. En el dictamen, el abogado califica como arbitraria la orden del ministerio. El documento será utilizado por el ayuntamiento valenciano y la Generalitat, para sustanciar una querella criminal por un supuesto delito de prevaricación contra Gonzalez Sinde. Curiosamente, el plan para derribar el barrio histórico de Valencia, y el acuerdo municipal para construir los aparcamientos en Oviedo, guardan varias similitudes. Ambos asuntos han sido calificados por la oposición y por los vecinos como un ‘pelotazo’ que pone en riesgo el patrimonio de la ciudad, y comparten al mismo abogado defendiendo la tesis de dos consistorios del PP.

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