21:50. SáBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Voracidad fiscal, usura financiera, y expropiación de los ahorros

Editorial
1 noviembre, 2018

A golpe de ‘decretazo’ el poder político ha enmendado, y desautorizado, al poder judicial, y ahora serán los bancos quienes tendrán que asumir el pago del impuesto de actos jurídicos que grava, aún más, el coste de la hipotecas. Para los ciudadanos es, desde luego, una buena noticia, aunque no deja de ser preocupante el intervencionismo del poder político o ejecutivo en el ámbito de la judicatura, y además en una de sus más altas instancias (el Tribunal Supremo), cuyos magistrados han quedado completamente desautorizados al tiempo que ha sido socavada su independencia en la toma de decisiones. A partir de ahora, y sin esperar al trance legislativo, las entidades financieras tendrán que hacerse cargo de una ‘mordida’ que supera los 1.200 millones anuales -30 millones en Asturias-; en este caso, los bancos actuaban como recaudadores ya que el gravamen era transferido a las comunidades autónomas que se han librado de tener que devolver a la España hipotecada un total de 25.000 millones, si el gobierno hubiese decretado la devolución, con carácter retroactivo, del impuesto hipotecario.

El ‘decretazo exprés’ del gobierno supondrá un ahorro medio de, entre 2.500 y 2.800 euros, a quienes soliciten, a partir de ahora, un crédito hipotecario. Aún así, la última palabra la tendrá la Unión Europea, que podría invalidar el decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. En casi toda Europa, son los clientes quienes pagan un impuesto similar aunque, eso sí, de menor cuantía (entre 250 y 500 euros) por la concesión de una hipoteca. Sin embargo, en nuestro país, la voracidad fiscal no tiene límites, como tampoco la usura de las entidades financieras. Y para completar la cuadratura del estrangulamiento fiscal a los ciudadanos, las comunidades autonómicas aplican ‘diezmos’ y gravámenes paralelos, como el impuesto de actos jurídicos o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que esquilman aún más los bolsillos de los penitentes contribuyentes. Ahora que Pedro Sánchez ha abierto el melón de la insaciable recaudación, sería deseable que el gobierno del Principado también revisara su voraz política fiscal. Produce sonrojo ajeno que en una comunidad con la mayoría de sus indicadores económicos en números rojos, el gobierno de Javier Fernández siga desangrando los bolsillos de los asturianos, con impuestos abusivos y vergonzosos tramos impositivos, que solo pretenden sacar tajada de las herencias y hasta de los muertos. El gobierno del Principado está expropiando, de manera perversa, los ahorros de los asturianos, para tapar los agujeros de su ineficiente e improductiva inacción política.

Alcoa SOS

Alcoa necesita una solución, y tiene que llegar a través de la negociación y la presión política. No hay otra manera para evitar el cierre de las factorías que tiene la multinacional americana en Avilés y La Coruña. Los trabajadores solo pueden salir a la calle, como han hecho esta semana, para hacer oír su voz, y también la de decenas de miles de asturianos. Pero la supervivencia de Alcoa está en manos del gobierno español y, en última instancia, de las autoridades europeas. En el cierre y deslocalización de Alcoa, subyace una ‘obsolescencia programada’, pero también el alto coste de la tarifa eléctrica y la inestabilidad del mercado energético español. Y ésta cuestión solo es imputable a los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, que nunca han querido solucionar un problema que hace que nuestra industria pesada sea mucho menos competitiva en relación, no solo a países asiáticos, también a países de nuestro entorno y mercado europeo. Si Alcoa cierra, habrá otras ‘alcoas’. Por eso, evitar su cierre, es una cuestión prioritaria y de Estado.

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