17:08. MARTES 16 DE JULIO DE 2019

Retrasos injustificados y sanciones ‘perdonadas’ a los contratistas

Oviedo
2 abril, 2011

Más allá del fallido spa del Rubín, o de la reforma del Palacio de los Deportes, el Informe de la Sindicatura de Cuentas contiene aún más análisis de actuaciones municipales que incumplieron la normativa y se saltaron la ley. Es el caso de la obra civil de nuevo apeadero de FEVE, en el barrio de Vallobín. El presupuesto de licitación fue el mismo que el de adjudicación, 346.813 euros, pero al final, la ejecución llegó a los 381.381 euros, tras los correspondientes sobrecostes.

En este caso, el contrato fue adjudicado mediante un procedimiento ‘negociado sin publicidad’, aunque “en el expediente no consta acreditada la concurrencia alguna de las circunstancias que permiten acudir a este procedimiento”. “No se advierte que haya especificidad técnica, artística o relacionada con la protección de derechos de exclusiva, que exija que la ejecución de las obras solo pueda determinarse a determinado empresario”. Para la Sindicatura, esto demuestra que el contrato fue concedido, una vez más, ‘a dedo’ por el Ayuntamiento. “Se vulneran los principios de publicidad y de concurrencia”. Por parte del consistorio, se argumenta que ya existía una empresa, una UTE en este caso, que estaba realizando las obras de urbanización del entorno, y que “las obras proyectadas interfieren con las de urbanización reseñada”. Por tanto, al no tener ‘acceso’ los técnicos municipales ni ninguna otra empresa al lugar donde debían desarrollarse los trabajos, se decidió que la misma UTE era merecedora del contrato.

Avanzando en el proceso burocrático, aparecen más irregularidades, que ‘anularían’ el contrato y obligarían a penalizar a la constructora. La certificación final no fue aprobada por el órgano de contratación, “y no costa que esta haya sido abonada”. O el consistorio traspapeló la documentación, o la UTE dejó pagos pendientes, sobre la certificación. En el caso del apeadero, hay fallos durante la adjudicación, tras la finalización de las obras y también anomalías durante la ejecución de las mismas. “El plazo de ejecución (de 4 meses) se desvió un mes, sin que conste en el expediente la suspensión de la ejecución o la prórroga del plazo”. El órgano de contratación del Ayuntamiento tuvo ‘manga ancha’ y no penalizó a la UTE por un retraso injustificado, como correspondía, el ‘modus operandi’ habitual en el consistorio, según refleja el informe de Avelino Viejo, Síndico Mayor.

Por si fueran pocas las sospechas sobre pelotazos e incumplimientos de contratos en las parcelas del polígono de Olloniego-Tudela, la ejecución de las obras de urbanización tampoco cumplen la ley. Tras el concurso abierto, el la Mesa de Contratación valoró diferentes ofertas de distintas empresas, pero no justificó en ningún momento la puntuación concedida a cada una de ellas en función de las condiciones contenidas en el pliego del concurso. Es decir, que desde la Mesa se pudo valorar cada oferta en función de unos intereses ajenos a la normativa municipal. En este caso, las obras deberían prolongarse, a lo sumo, durante 20 meses. Al final, se acumuló un retraso de 3 meses, sin prórrogas, justificaciones y sin las correspondientes penalizaciones. Si el consistorio aplicara el mismo ‘celo’ en las multas a los constructores que a los conductores mal aparcados, sus ingresos serían mucho mayores. Para el presente ejercicio, el presupuesto solo contempla 1.000 euros de ingresos por “sanciones e infracciones urbanísticas”. Conforme se desarrollaban los trabajos, la empresa introdujo dos modificaciones, aprobadas por el consistorio. Sin embargo, ni se solicitó un aumento del presupuesto (24,7 millones por la adjudicación) ni tampoco ampliar los plazos de ejecución. “Revisadas dichas modificaciones, se advierte que no responden a necesidades nuevas ni a causas técnicas imprevistas”. Además, solo corresponden a “omisiones y defectos del proyecto original”, que debieron ser corregidos sobre la marcha. Tanto en el apeadero de Vallobín como en la urbanización del polígono de Olloniego, se vulneraron los principios básicos de igualdad a la hora de optar a una obra municipal. Existen, como mínimo, dudas en la redacción de los contratos y las condiciones de adjudicación, y también sobre la actuación de la Mesa de Contratación responsable del seguimiento de la ejecución de los trabajos que, en ambas ocasiones, ignoró los incumplimientos del contratista y renunció a poner multas por los continuos retrasos.

Comparte:
  • Print
  • Add to favorites
  • RSS
  • Digg
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Bitacoras.com
  • email
  • Live
  • MySpace
  • Netvibes
  • Technorati
  • Twitter