08:21. MIéRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019

La UE se pronunciará la próxima semana sobre la legalidad del convenio

Oviedo
2 abril, 2011

Es cuestión de tiempo. La próxima semana, la Unión Europea, a través de la Dirección General de la Competencia (DGC), se pronunciará sobre la legalidad del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y COMAMSA, que podría seguir -previsiblemente-, el mismo camino que el acuerdo para la construcción del Palacio de Justicia en el solar de El Vasco, ‘tumbado’ por atentar contra la libre competencia.

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, se reunió ayer en Oviedo con miembros de su partido a nivel regional y local, para comunicarles los pasos que está siguiendo el ‘caso Villa Magdalena’ en la UE. IU, tras comprobar como se habían iniciado esta semana los sondeos y trabajos previos a la construcción del parking de Uría, comunicó esta situación a la DGC, quien decidió acelerar el proceso ante estas actuaciones. La próxima semana se reunirá la comisión correspondiente que podría echar atrás toda la operación, al considerar que varias cláusulas del convenio atentan contra la libre competencia y concurrencia. “Será un paso decisivo, que también influirá en la decisión que tome la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo”, apunto Meyer, quien es vicepresidente de dicha comisión. El año pasado, este órgano europeo, paralizó por los mismos motivos el proyecto del Palacio de Justicia del Vasco. Meyer estuvo acompañado por Jesús Iglesias, coordinador general de IU Asturias, Alejandro Suárez, coordinador de IU Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, candidato de la formación en las próximas elecciones y el abogado Gerardo de la Iglesia. De La Iglesia citó como ejemplo de la vulneración de las leyes de ‘libre mercado’, la cláusula que prohibe la construcción de más aparcamientos en un radio de 185 metros alrededor del parking proyectado. “Estamos hablando de un monopolio, y la UE no lo puede pasar por alto. Por eso su dictamen será contrario al convenio”. El otro frente abierto en la Unión Europea, sigue su cauce en la Comisión de Peticiones del Parlamento. Una vez que el recurso presentado por IU por la ilegalidad del convenio ha sido registrada y admitida, dentro de un mes se presentará el caso ante los europarlamentarios, quienes votarán tras el debate, pronunciándose sobre la supuesta ilegalidad del acuerdo. Un previsible nuevo varapalo al consistorio y a COMAMSA, pero que a la larga, será aún más perjudicial para los intereses municipales. “Lo mejor que podemos esperar de Europa -que anule el convenio-, es lo peor que puede pasar a la ciudad”, sentenció De la Iglesia. Sin convenio, COMAMSA podría solicitar una nueva retasación de Villa Magdalena, que podría superar los 63 millones solicitados por la constructora en su último estudio.

Mientras tanto, en Oviedo también hay novedades en los juzgados. La juez Pilar Martinez, titular del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Oviedo, envió una ‘providencia’

-solicitud de conclusiones- el pasado jueves a De la Iglesia, por el recurso presentado por este abogado en nombre de Asciz, el primero de la batería de recursos contra el convenio. En esta ‘providencia’, la juez solicita a las partes, tras haber recabado todas las pruebas, que presenten sus argumentos finales, antes del 14 de abril. Contando con el plazo de alegaciones que podrán presentarse, la sentencia firme llegará dentro de tres meses. Si el Ayuntamiento decide seguir recurriendo y llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el proceso se alargaría hasta 5 meses más. Sin embargo, la posible paralización de toda la operación en Europa, podría suponer la ‘puntilla’ para los aparcamientos. Por su parte, Jesús Iglesias, recordó el “pacto” entre el PSOE y PP en la Junta General del Principado para rechazar incoar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Campo de San Francisco. “En ningún parlamento de España o de Europa se rechazaría una petición así, es evidente que el parque merece esa protección, y que PP y PSOE se pusieron de acuerdo para evitarlo”. Solo con incoar el expediente e iniciar los trámites y estudios previos, el Campo gozaría de protección total ante cualquier tipo de obra en su entorno, paralizando en la práctica la construcción de los ejes subterráneos. De la Iglesia también recordó que incoar un BIC, “en ningún caso puede generar responsabilidades económicas, tal como argumentó el PSOE en la Junta”, desmontando así el argumento empleado por los socialistas para no apoyar el BIC, asegurando que en ese caso, el Principado tendría que pagar el ‘agujero’ del Ayuntamiento. “Ni siquiera se han iniciado los trabajos, ni se empezarán en los próximos meses, de forma que no habría nada que compensar”.

Ante el inminente pronunciamiento de la Dirección General de Comercio, que ya ha paralizado operaciones similares en otros países, donde se intentó ‘ceder’ suelo publico a una empresa privada, el resto de recursos y dictámenes contarían con una sólida base que podría, por sí sola, dar al traste con toda la operación. A partir de ese punto, se iniciará un nuevo capítulo del caso ‘Villa Magdalena’ en los tribunales. El Ayuntamiento renunció en el proceso judicial que debería decidir si COMAMSA tenía derecho a una nueva retasación, y la empresa ‘blindó’ los acuerdos incluyendo la cláusula que le permite pedir una nueva valoración, si por cualquier motivo, la operación no sigue adelante.

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