16:32. LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020

Concentrado de Justicia

Opinión
2 junio, 2012
CRISTINA ESTEBAN

Parece una receta culinaria, pero no lo es, el Consejo General del Poder Judicial ha metido en la pota y puesto a reducir a fuego lento los Partidos Judiciales de toda España, y en Asturias, si nos descuidamos se nos quemará el guiso sin remedio.

La nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, actualmente en elaboración, pretende ajustar a la realidad de nuestro país la estructura territorial de la Justicia, proveniente del siglo XIX y en la que se realizaron apenas las modificaciones necesarias para su adaptación a la estructura territorial del Estado en Comunidades Autónomas establecida en la Constitución de 1978 y la posterior promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1988.
Los actuales partidos judiciales en Asturias son 18, muchos de ellos con un Juzgado único, especialmente en Oriente y Occidente, supervivientes de la supresión de la Justicia Municipal en 1988. El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un informe en el que plantea dejar el número en 8: Oviedo (incluye el actual de Grado), Gijón, Avilés (incluye Pravia), Pola de Siero (incluye Villaviciosa, Piloña y Cangas de Onís), Mieres (incluye Laviana, Langreo y Lena), Llanes, Cangas del Narcea y Luarca (incluye Tineo y Castropol).

Es evidente que la demarcación de Partidos Judiciales necesitaba una actualización, pero la racionalidad y el conocimiento del medio no parecen ser los criterios observados por el CGPJ. Para cualquiera que conozca la realidad física de Asturias es claro que Tineo está más cerca de Cangas del Narcea que de Luarca, o que Cangas de Onís lo está de Llanes que de Siero, al igual que Villaviciosa lo está de Gijón. Pero no sólo la cercanía o la conexión económica y social parecen haber sido orilladas, el Principado de Asturias tiene transferidas las competencias sobre medios materiales desde el año 2006, y será quien deba correr con los gastos ocasionados para ubicar los Juzgados fusionados, también se asumieron las competencias sobre la gestión del personal en 2009 y le tocará reorganizar las actuales plantillas. Será como acostumbra, el Gobierno realiza modificaciones legislativas y pagan las Comunidades Autónomas, como ocurrió con la Ley del Menor.

Mientras tanto la respuesta de los colectivos del sector ha sido unánime, si bien todos asumen como necesaria la modificación, a nadie ha parecido agradar la propuesta que realiza el Consejo, Colegios Profesionales, Ayuntamientos, Sindicatos y Asociaciones de Jueces y Fiscales se han puesto de acuerdo en rechazarla y además existen otras cuestiones que necesita reformar la Justicia y cuya solución tampoco se vislumbra pacífica: las nuevas tasas judiciales, la justicia gratuita, los medios técnicos con los que se trabaja a diario en los Juzgados y Tribunales y la propia estructura de esos órganos judiciales, que comenzó su cambio hace más de tres años en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y alguna Comunidad Autónoma, parece varada en la ineficiencia ni reconocida ni solventada de la Nueva Oficina Judicial.

El Ministro de Justicia ha manifestado en sede parlamentaria que este Informe del Consejo no es asumido por el Ministerio y que la comisión de expertos para la redacción de la Nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial sigue trabajando con sus propios criterios, nos darán otra sorpresa cualquier día de estos. En los últimos años se crearon agrupaciones de Juzgados de Paz, se suprimió la necesidad de Abogado y Procurador en algunos procedimientos, se reparten modelos de demanda en los propios Juzgados, se reconoce el derecho del ciudadano a comparecer personalmente ante el Juez, se realizan esfuerzos para que el lenguaje judicial sea accesible, se trataba, en definitiva, de acercar la Justicia al ciudadano y ahora se llevan el Juzgado “a no más de 100 kilómetros de distancia o 1 hora de viaje”.

Treinta años de democracia no han logrado poner de acuerdo a los grandes partidos políticos sobre la Justicia en España, mientras continúa la sucesión de propuestas en las grandes cuestiones sin llegar a un Pacto de Estado sobre el Gobierno de la Justicia, el Tribunal Constitucional, o el Ministerio Fiscal, por ejemplo, por otro lado se han transferido a las Comunidades Autónomas los medios materiales y de la gestión de personal dando como resultado una diversidad preocupante, una Administración de Justicia de distintas velocidades dependiendo del lugar dónde se imparta.

En la presente legislatura muchas cuestiones requerirán un amplio consenso en Asturias, la realidad nos empuja a ello, la Justicia será una de ellas, la agenda política no puede obviar sus necesidades y carencias por más tiempo.

Responsable de Organización UPyD Asturias

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