23:54. MIéRCOLES 27 DE MARZO DE 2019

La hora de rendir cuentas

Opinión
4 marzo, 2011

Paloma Sainz, portavoz y candidata del PSOE al Ayuntamiento de Oviedo

Tal vez uno de los ejemplos más perniciosos que nos lega el PP ovetense en este final del ciclo político del Alcalde, tenga que ver con la permanente presunción de impunidad que siempre tratan de blandir con la espada de una mayoría legítima refrendada en urnas.

Las mayorías en un Estado de Derecho legitiman el gobierno de los recursos públicos y obligan a representar a la ciudadanía, pero nadie, tenga más votos o menos puede estar por encima de la ley, cuestionar sus mecanismos o simplemente ocultar datos y decisiones relevantes a la ciudadanía a la que representa.

En el caso de la serie de decisiones y actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los años en el caso de la expropiación de Villa Magdalena y su tremenda consecuencia actual en la propuesta de regalar a una empresa todo el subsuelo de la Plaza de la Escandalera y la  Calle Uría, el Alcalde siempre partió de un hecho del que hizo bandera y gala: su impunidad ante cualquier fiscalización o petición de responsabilidades.

De hecho, el Alcalde utilizó la mayoría absoluta que ostenta en el Consistorio para tratar de dar legitimidad a unos hechos que toda la ciudad considera inexplicables y gravísimos; ¿por qué no se consignó? ¿por qué no se esperó a una resolución judicial? ¿por qué éste acuerdo y no otro?. A todas esas preguntas respondió un informe propio, firmado por la actual Concejala Belén Fernández Acevedo, que ante los atónitos ojos de toda la ciudad, concluyó que nadie, absolutamente nadie en el Consistorio tenía responsabilidad alguna en la no consignación de una deuda que ha generado un daño irreparable al patrimonio de Oviedo. Es más, como vale todo, en el transcurso del debate sobre aquel libelo, llego a decirse que si alguien tenía responsabilidad era la oposición.

Estoy convencida que también creyó firmemente que su creciente influencia dentro de su partido impediría que la Sindicatura de Cuentas estudiase siquiera las claves del quebranto de nuestras cuentas públicas. Fue entonces cuando, bajo el slogan de que “ aquí no hay nada que ocultar”, corrió a fotografiarse con el Síndico Mayor o a enviar a la Fiscalía toda una documentación que el fiscal nunca había solicitado. Cuando comprobó, sin embargo, que aún existen funcionarios públicos que tienen un sentido del deber a prueba de bomba, reaccionó contra ellos con la ira propia de quien no está acostumbrado a que la legalidad estorbe sus planes.

Si el Grupo Municipal Socialista no llega a solicitar formalmente información sobre las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas, a estas horas la ciudadanía ignoraría que todo un Tribunal nacional está investigando a su Ayuntamiento. Lo ignoraría la ciudadanía porque también lo ignoraban los funcionarios encargados de defender los intereses de esa ciudadanía a los que curiosamente no se había facilitado la información.

Tampoco el Secretario General del Pleno ha querido avalar esta semana la arbitraria y conocida obstrucción permanente del Alcalde y su Equipo a la labor fiscalizadora de los Grupos de la oposición, y le ha dicho al Alcalde que no puede, legalmente hablando,  impedir nuestro acceso al informe de la Sindicatura, y que no puede estar (Gabino de Lorenzo) en una palabra, por encima de la ley.

La situación es que nadie, que conozca los mecanismos del Estado de Derecho y que sea responsable de velar por ellos, quiere respaldar esta especie de huída hacia delante de un Alcalde que ha creído que ganar unas elecciones democráticas le permite incluso burlar los controles que la propia democracia ha establecido para proteger los intereses generales.

Creo sinceramente que de este lamentable final de ciclo, todos y todas debemos sacar algunas conclusiones para el futuro. La primera es que cuando hablamos de construir unas instituciones plenamente transparentes no estamos hablando sólo de valores que defendemos con más ardor quienes más hemos luchado por la libertad en este país; estamos hablando también de proteger derechos colectivos mínimos que no se subordinan a un resultado electoral concreto o a un gobierno concreto, que valen para todos y en todos los momentos, y la segunda lección que creo que tenemos que aprender es que sea cual sea el resultado de la voluntad democrática de la ciudadanía, la verdadera lealtad a la gente que nos respaldó no es gobernar desde la creencia de que sólo existe un proyecto o un camino correcto, sino la humildad de recordar cada día del año que nuestro trabajo tiene que responder al interés general y no al parcial interés particular de un momento político dado.

El interés general está protegido en las normas y nadie puede gobernar al margen de ellas. Da igual el respaldo que tenga.

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