16:59. SáBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019

Los tribunales vuelven a anular el PGOU de Gijón

Asturias
1 marzo, 2013
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

El ‘Plan Sanjurjo’, elaborado por el ahora presidente de la Junta, no se ajusta a derecho, según la sentencia, por no exponer a información pública todos los documentos.

Nueva bofetada al plan urbanístico de Gijón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido la anulación del PGOU recurrido por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. Los vecinos consideraban que el acuerdo aprobado en el pleno del Ayuntamiento pocos días antes de las elecciones de mayo de 2011, no es conforme a Derecho. La sentencia les da la razón y afirma que se ha generado indefensión al vulnerarse “los principios de publicidad y  participación ciudadana” en la elaboración del documento. Según la normativa vigente, durante la información pública debe poder consultarse toda la documentación relacionada con el expediente, algo que no pasó antes de la aprobación inicial del PGOU, ni cuando se volvió a someter a información pública en octubre de 2010.

El ‘Plan Sanjurjo’, bautizado así por haber sido elaborado por el ex concejal de Urbanismo y ahora presidente de la Junta General del Principado, el socialista Pedro Sanjurjo, había recibido una decena de recursos de particulares y colectivos entre ellos la Federación de Asociaciones de la Zona Rural Les Caseríes, las plataformas contra el circuito de Sotiello y el Muro de Cabueñes, los vecinos de El Muselín y los propietarios de la colonia de El Pisón. Todos coincidían en que el documento contravenía la legalidad.

El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, siempre negó los hechos, pidiendo la desestimación de la petición de impugnación. Esta es la segunda ocasión en que una sentencia judicial echa por tierra el PGOU de Gijón. En 2005, también bajo el mandato de Paz Fernández Felgueroso, el anterior Plan fue rechazado. En aquel entonces, y tras tres ‘marchas verdes’ contra una norma que había levantado ampollas sobre todo en la zona rural, fue el recurso de una familia de Mareo el que logró anular el Plan General por encubrir como modificación puntual lo que había sido una amplia revisión y por saltarse la evaluación de impacto ambiental.

En el caso del PGOU de 2011, los problemas comenzaron ya en el periodo de alegaciones. Se recibieron más de 1.500 quejas, de las que más de la mitad fueron rechazadas porque eran peticiones de vecinos particulares para modificar usos y aprovechamientos en suelos calificados como no urbanizables e incorporar sus fincas a los núcleos rurales. Tras la aprobación del documento, diversos colectivos anunciaron que continuarían con la pelea en los tribunales, entre ellas la Federación Les Caseríes, la que engloba a los vecinos de las parroquias rurales de Gijón, que acusó a los socialistas de incurrir en errores en la tramitación del Plan por culpa de “las prisas y la precipitación”. Otra asociación muy beligerante fue la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes, que incluso llegó a solicitar a la Fiscalía la investigación de la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, por posibles delitos públicos en el trámite del circuito del motor de Sotiello. El colectivo consideraba que la relación familiar entre la alcaldesa de Gijón y el promotor del circuito, Rafael Riva Meana, ponía en entredicho una de las modificaciones urbanísticas introducidas en el Plan General de Ordenación.

Por su parte, los vecinos del barrio de El Muselín se constituyeron también en asociación para luchar contra el PGO que abocaba a la desaparición de sus viviendas. En este caso el Plan preveía que esos terrenos se convirtiesen en un gran espacio verde debido a una supuesta “peligrosidad geológica” del terreno que desaconsejaba la construcción de más residencias pero que nunca fue probada por completo ya que esos documentos fueron algunos de los que el equipo de gobierno socialista no permitió consultar de forma pública.

“La sentencia supone la paralización de Gijón”, lamenta Moriyón

Una situación de “extrema gravedad”, así define la alcaldesa Carmen Moriyón la sentencia del TSJA. Una situación que conlleva, a su juicio, la paralización de la ciudad al decretarse una “excepcionalidad urbanística”. La primera edil no ha dudado en cargar contra el anterior equipo de gobierno de Gijón, recordando que esta anulación se suma a la del PGO de 2005.  Este es el mejor ejemplo “del fracaso de un equipo de gobierno que todavía nos quiere dar ejemplo de ética desde la oposición”, aseguró la alcaldesa, que también se preguntó “por qué oscuros intereses no respetan los socialistas la legalidad”. “Este fallo supone un desprestigio para el Ayuntamiento y demuestra lo peligroso que es actuar en el mercado con las reglas socialistas”, ha advertido. Moriyón explicó también que el equipo de gobierno está estudiando las consecuencias que pueden conllevar este fallo y cuáles son las acciones inmediatas que acometerán. Aún está por decidir si presentan recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo cual cuentan con un plazo de diez días. Además, confía en que la semana próxima tenga una evaluación de las consecuencias directas e indirectas del fallo judicial del TSJA

El programa electoral de Foro, en materia de urbanismo y vivienda, incluía la promesa de “revisar aquellos planteamientos que hayan sido formulados sin un riguroso diagnóstico de la situación, tales como la delimitación de los núcleos rurales existentes”, es decir, la revisión del PGOU.  El grupo municipal socialista cargaba ayer contra el quipo de gobierno forista por considerar que el fallo del TSJA se debe precisamente a que “el Ayuntamiento no ha defendido suficientemente este Plan”. Santiago Martínez Arguelles considera que el gobierno de Moriyón “es el único responsable” por no haber aportado en el juicio documentación relativa a algunas cuestiones que fueron respondidas en las alegaciones. “El Ayuntamiento en ningún momento ha contestado argumentos de la recurrente y mal puede un juez emitir un veredicto sobre algo que no tiene”, afirmó el edil. El concejal socialista también aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias “no ha anulado” la totalidad del Plan sino una parte referida a la zona de La Camocha y de La Mina de La Camocha y que esto “es subsanable” sometiendo el documento a un nuevo periodo de información pública.

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